La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, identificó serias deficiencias en la gestión de las contrataciones públicas de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, al constatar que durante todo el año 2025 la entidad no registró sus órdenes de compra ni órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incumpliendo la normativa vigente y vulnerando principios fundamentales de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas.
El Informe de Orientación de Oficio 25696-2025-CG/GRLIB-SOO, emitido el 12 de diciembre de 2025, que evaluó el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2025, halló la situación adversa que tienen un marcado impacto institucional, dada la ya vapuleada imagen de la MDG respecto de la transparencia, el uso de los recursos públicos y la gestión misma del gobierno local.
El informe de la comisión de control, detectó que “amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso de transparencia y acceso a la información pública de las contrataciones” de la entidad municipal.
La observación central es categórica. Señala que “La Entidad durante el 2025 no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE las órdenes de compra y de servicio que emitió, lo cual podría afectar la transparencia, publicidad y las acciones de supervisión y fiscalización de las contrataciones”.
Advierte que el incumplimiento colisiona con dos presupuestos legales de ineludible cumplimiento. El informe precisa que durante el año 2025 coexistieron dos marcos normativos distintos en materia de contrataciones públicas.
La Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente hasta el 21 de abril de 2025, y la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril de 2025.
Sin embargo, en el marco de ambas esferas normativas, la Contraloría advierte que se mantuvo la obligación expresa de registrar y publicar las órdenes de compra y servicio, incluso aquellas que hayan sido anuladas.
Bajo el primer régimen legal, la entidad debía registrar dicha información como máximo hasta el quinto día hábil del mes siguiente. Sin embargo, no existía ningún registro correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, acumulando atrasos de hasta 297 días calendario en el caso de enero.
ATRASO PERSISTENTE TODO EL 2025
La situación no se corrigió con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Conforme a la Directiva 007-2025-OECE/CD, el plazo máximo de registro pasó a ser de diez días hábiles del mes siguiente, pero la municipalidad tampoco cumplió con esta exigencia.
El informe detalla que no se registraron órdenes de compra ni de servicio desde abril hasta octubre de 2025, presentándose atrasos que van desde 199 días calendario (abril) hasta 17 días (octubre), todos fuera del plazo legal establecido.
MÁS DE 8 MIL OPERACIONES SIN RESPALDO PÚBLICO
Un aspecto especialmente relevante del informe es la comparación con la información financiera del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Según el Formato A, entre enero y octubre de 2025 la Municipalidad Distrital de Guadalupe registró 8 000 operaciones vinculadas a la adquisición de bienes y contratación de servicios, que necesariamente debieron generar órdenes de compra u órdenes de servicio.
Pese a ello, dichas órdenes no figuran publicadas en el SEACE, lo que, según la Contraloría, constituye una actuación contraria al marco normativo aplicable:
“Se constatan actuaciones contrarias al marco normativo aplicable” al no encontrarse disponibles las órdenes de compra y servicio en el portal del SEACE, pese al vencimiento de los plazos máximos establecidos.
BLOQUEANDO EL CONTROL CIUDADANO
La Contraloría advierte que esta omisión afecta seriamente la transparencia, la publicidad y las acciones de supervisión y fiscalización de las contrataciones, limitando el control institucional y el acceso de la ciudadanía a información clave sobre el uso de recursos públicos
Esta situación que es repetida en muchas municipalidades y entidades del Estado, lamentablemente solo genera recomendaciones y no activa sanciones. Por esta razón es importante que la población tenga presente qué gobiernos locales y entidades públicas incurren en estas faltas, a fin de que se señale públicamente su responsabilidad y la sanción por lo menos sea moral por el incumplimiento de un deber que se les ha encargado.
Como en otros casos, en el presente, la capacidad de la Contraloría solo dispone poner en conocimiento del titular de la entidad el contenido del informe para que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes.
Se comunica al alcalde distrital de Guadalupe para que informe al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas adoptadas o por adoptar, adjuntando la documentación de sustento correspondiente. No sería la primera vez que se incumple y que la Contraloría haga más nada.
El informe de control es suscrito por Omar Arturo Mori Díaz, integrante de la Comisión de Control, y Eduardo Daniel Alvarado Vicente, Gerente Regional de Control de La Libertad. El documento fue oficialmente notificado a la MDG.
Fuente: UNDiario.pe
