Una decisión de compras adoptada sin considerar un cambio normativo vigente terminó ocasionando un perjuicio económico superior a los US$ 216 mil a Petroperú, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
El daño no se originó únicamente en la adquisición de colorantes púrpura y azul, sino en las consecuencias legales y financieras que enfrentó la empresa estatal tras perder un arbitraje internacional.
El Informe de Control Específico N.° 008-2025-2-0084-SCE detalla que, en 2021, funcionarios de las áreas de Logística y Planificación proyectaron la compra de colorantes destinados a la producción de gasolinas de 90 y 95 octanos para un periodo de dos años.
No obstante, esa planificación ignoró que el Decreto Supremo N.° 014-2021-EM ya dispuso el retiro progresivo de dichos combustibles del mercado nacional.
La norma establecía que las gasolinas de 90 y 95 octanos dejarían de comercializarse a partir de julio de 2022, pero Petroperú mantuvo el requerimiento de los insumos hasta abril de 2023.
Esa falta de alineamiento entre la regulación vigente y la gestión de abastecimiento provocó un exceso de stock que la empresa no pudo utilizar.
Ante ese escenario, la petrolera estatal intentó resolver de manera unilateral el contrato con el proveedor Man Trading Corp S.A.C., a partir de la segunda y tercera entrega, alegando una cancelación “sin expresión de causa”.
A pesar de ello, el proveedor acudió a la vía arbitral y logró que el tribunal determine que Petroperú actuó sin justificación válida.
La auditoría señala que el cambio normativo resultaba previsible y que la empresa debió incorporarlo desde la etapa de planificación.
Incluso, la Jefatura de Inventarios ya conocía la modificación legal, pero no alertó sobre la necesidad de ajustar el requerimiento de compra. Esa omisión terminó debilitando la posición de la estatal en el arbitraje.
Tras perder el laudo y fracasar en su intento de anularlo en el Poder Judicial, Petroperú asumió el pago de US$ 216,407.73 y S/ 25,338.55, montos que incluyen penalidades, intereses y costos procesales. Los desembolsos se efectuaron entre enero y febrero de 2025, según el documento de control.
A raíz de estos hallazgos, el Órgano de Control Institucional de Petroperú comunicó al presidente del directorio, Luis Canales Gálvez, que el informe fue remitido al Procurador Público de la Contraloría para iniciar las acciones civiles correspondientes contra los funcionarios presuntamente responsables.
Fuente Diario Expreso
