La Contraloría General de la República encendió nuevamente las alarmas en el distrito de La Esperanza, tras identificar una serie de irregularidades en el proceso de contratación pública para una obra vial valorizada en más de S/ 10 millones. Se trata de la licitación pública N.º 003-2025-MDE/C-1, convocada para ejecutar el proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la HUP Manuel Arévalo II Etapa”, cuyo procedimiento muestra indicios que comprometen la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
El informe de orientación de oficio detalla que el comité de selección habría actuado con criterios incompatibles con la normativa vigente al descalificar la oferta más económica, a pesar de que esta cumplía con todos los requisitos formales establecidos en las bases del concurso. La decisión no solo carecía de sustento legal, sino que terminó beneficiando a un postor con una propuesta considerablemente más alta.
La empresa que presentó la oferta de menor costo propuso ejecutar la obra por S/ 9,974,069.12, mientras que la buena pro fue entregada al consorcio cuya propuesta ascendía a S/ 10,278,540.70, generando un sobrecosto superior a S/ 300 mil para la municipalidad. Para la Contraloría, este diferencial no es menor y podría constituir un perjuicio económico directo contra los recursos públicos del distrito.
El organismo de control también observó prácticas que califica de fraudulentas dentro de la evaluación técnica. Entre ellas, el uso de criterios no contemplados en las bases ni en la ley, como cuestionar la validez del título profesional de un ingeniero solo porque no aparecía en el registro de la Sunedu, a pesar de que el diploma universitario sí había sido presentado. Asimismo, se desestimaron certificaciones de experiencia por aspectos superficiales, como diferencias en direcciones o detalles en el pie de página, argumentos que no forman parte de los criterios técnicos establecidos para el concurso.
Estas conductas, según la Contraloría, no solo vulneran la normativa de contratación estatal, sino que evidencian un manejo poco transparente del proceso, con decisiones que habrían terminado favoreciendo a un postor menos competitivo en perjuicio del interés público. El informe señala que la municipalidad actuó sin respetar los principios de igualdad de trato, libre competencia, eficiencia y transparencia que deben regir toda contratación estatal.
Los hallazgos dejan en una situación comprometida al comité de selección y a los funcionarios involucrados, pues abren la posibilidad de responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales. En un distrito como La Esperanza, donde las necesidades de infraestructura son urgentes, cualquier irregularidad en la gestión de recursos públicos genera preocupación entre los vecinos y líderes locales.
Hasta el cierre de esta publicación, la Municipalidad Distrital de La Esperanza no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las observaciones formuladas por la Contraloría.
Fuente Causa Justa
