La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio de infraestructura vial vecinal, tramo desvío Chapapampa – Jonsani, distrito y provincia de Huancané, Puno”, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancané. El informe revela deficiencias en las contrataciones y procesos previos a la ejecución del proyecto, cuyo monto total asciende a S/ 3, 511 000.
Entre las principales observaciones destaca el pago de S/ 30 000 por la actualización de un expediente técnico que fue entregado incompleto y sin cumplir los términos de referencia establecidos. Pese a ello, la municipalidad otorgó conformidad al consultor y no aplicó penalidades por S/ 3. 000, lo que generó un perjuicio económico para la entidad.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-0460, que evaluó el periodo del 15 de octubre de 2020 al 20 de febrero de 2023, detalla que estas irregularidades fueron determinantes para que se aprobara un expediente técnico deficiente, afectando la correcta planificación del proyecto vial.
Asimismo, se advirtió que el comité de selección no respetó las bases estándar durante la Licitación Pública N.° 003-2022-MPH/CS-1 ni atendió observaciones relevantes del proceso. Como consecuencia, la buena pro fue otorgada a un postor que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos, ofreció el precio más alto y no acreditó el equipamiento necesario para la ejecución de la obra.
A ello se suma que la entidad registró de manera tardía la buena pro en el SEACE, lo que permitió al contratista presentar documentación fuera de plazo y firmar el contrato sin cumplir todas las condiciones establecidas. Estos actos vulneraron la normativa de contrataciones del Estado y afectaron la transparencia del proceso.
El informe determina la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancané, quienes habrían actuado contraviniendo la normativa vigente y sus obligaciones funcionales.
Ante estos hechos, la Contraloría recomendó que la entidad adopte medidas para el deslinde de responsabilidades y fortalezca sus procedimientos internos de contratación. Además, dispuso remitir el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales que correspondan.
La institución fiscalizadora enfatizó la importancia de garantizar procesos transparentes y técnicos en la ejecución de obras públicas, especialmente aquellas que impactan de manera directa en la conectividad y calidad de vida de las comunidades rurales de la región Puno.
Fuente La Decana
