En aprietos. Así se encuentra el alcalde distrital de El Tambo, Julio César Llallico Colca, luego que la Contraloría General de la República lo hallara con presunta responsabilidad penal y administrativa, junto a otras 23 personas -entre funcionarios, exfuncionarios y regidores- por la cuestionada compra de un terreno de tres mil metros cuadrados mediante la modalidad de remate público, realizada a fines del 2023.
Según el informe de auditoría, de 170 páginas, los funcionarios y servidores de la municipalidad consignaron, justificaron, permitieron, validaron, aprobaron y hasta simularon actos jurídicos con el objetivo de adquirir dicho predio, pese a que presentaba gravámenes que limitaban su libre disponibilidad. Para concretar la operación, además, habrían creado un proyecto de inversión que no era prioritario ni estaba vinculado al cierre de brechas, vulnerando los fines institucionales de la comuna.
El documento precisa que se creó una IOARR bajo el argumento de que en el terreno se construiría un centro cultural con auditorio y otros componentes. Sin embargo, esta inversión fue utilizada para la compra del predio ubicado en la intersección de la avenida Mariscal Castilla y el jirón Jorge Chávez, lo que limitó la ejecución de proyectos realmente prioritarios para el distrito y ocasionó un perjuicio económico ascendente a 5 millones 016 mil 643.68 soles.
Meses después de concretada la adquisición, el propio alcalde Julio César Llallico Colca promovió la venta del mismo terreno, argumentando que la municipalidad necesitaba liquidez para la compra de camiones compactadores. No obstante, dicha autorización fue rechazada por el Concejo Municipal, decisión que derivó en protestas de pobladores de algunos anexos, presuntamente azuzados por la gestión edil.
Entre los comprendidos con presunta responsabilidad penal y administrativa figuran el alcalde Llallico Colca; su exgerente municipal Jorge Del Pino Moreyra; los regidores Percy Núñez Siguel, Gregoria Auris Rojas, Jenny Andrés Livia y Ricardo López Bastidas; así como el regidor vacado Elmer Ubaldo Lazo.
Otros regidores y exfuncionarios también presentan responsabilidad penal o administrativa, de acuerdo con el informe emitido por la Contraloría, que ahora deberá seguir su curso en las instancias correspondientes.
Fuente 7 Días
