Chachapoyas. Una grave denuncia de presunta corrupción vuelve a sacudir al Gobierno Regional de Amazonas (GOREA). La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, entre ellos carpas familiares, operación que habría generado un perjuicio económico superior a los S/ 150 mil en desmedro del erario regional y, lo más grave, de la población damnificada por desastres.
Según el informe de control, la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres habría incurrido en colusión con el proveedor Group Holding Chaska EIRL, durante la compra de 23 bienes de ayuda humanitaria, por un monto contractual de S/ 1 millón 552 mil 282. Entre los bienes adquiridos figuraban 56 carpas familiares, cada una con capacidad para seis personas, destinadas a atender emergencias y situaciones de desastre.
La Contraloría determinó que, de manera administrativa, la empresa presentó guías de remisión electrónicas y órdenes de compra que acreditaban la supuesta entrega total de los bienes. Con base en estos documentos, la gerencia correspondiente otorgó la conformidad sin observaciones, permitiendo que el proveedor reciba el pago íntegro del contrato, además de la devolución de la carta fianza equivalente al 10 % del monto contractual (S/ 155 mil).
No obstante, durante una inspección física realizada el 6 de octubre de 2025, la comisión del Órgano de Control Institucional (OCI) verificó que la entrega no estaba completa. En presencia de funcionarios de la propia entidad, se constató que solo 43 carpas se encontraban en el almacén, cuando debían existir 56, quedando 13 carpas faltantes, pese a haber sido pagadas en su totalidad.
De acuerdo con el informe, esta situación habría sido conocida por los responsables de la gerencia, quienes habrían dispuesto inicialmente la recepción parcial de los bienes. Posteriormente, y tras advertirse la irregularidad, se intentó subsanar el hecho de manera irregular, ingresando las carpas faltantes días después, en un aparente intento por encubrir la omisión y evitar responsabilidades administrativas y penales.
La Contraloría también advirtió que el proveedor incurrió en incumplimiento contractual por retraso injustificado, lo que generaba automáticamente la aplicación de una penalidad por mora ascendente a S/ 155 mil 228. Sin embargo, contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento fue devuelta en su totalidad, impidiendo el cobro de la penalidad y consumando el perjuicio económico al Gobierno Regional de Amazonas.
Este caso abre serios cuestionamientos sobre la gestión de la ayuda humanitaria en la región. ¿Se trata de un hecho aislado o de una práctica recurrente dentro de esta gerencia? ¿Se está utilizando la atención a los damnificados como un nuevo mecanismo para obtener beneficios indebidos “por debajo de la mesa”?
Desde una mirada crítica, el escándalo no solo revela fallas graves de control interno, sino también una profunda falta de sensibilidad social, al poner en riesgo recursos destinados a las familias más vulnerables que lo han perdido todo a causa de desastres naturales. Corresponde ahora que el Ministerio Público y los órganos sancionadores actúen con firmeza para determinar responsabilidades y sancionar a los involucrados, en defensa de la transparencia y de los intereses de la población amazónica.
Fuente: Diario AHORA
