Bajo la gestión de Tito Guillén, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Áncash se sumerge en un nuevo capítulo de presuntas negociaciones ilícitas.
La salida del cuestionado Fredy Tarazona no parece haber sido el fin de la crisis ética en la DRTC Áncash. Por el contrario, la gestión interina del CPC Tito Guillén enfrenta hoy graves acusaciones que apuntan a una presunta continuidad de las prácticas de corrupción que han devastado la imagen de la institución.
El “Modus Operandi”: Reuniones clave y licitaciones a medida
Según testimonios provenientes del propio seno de la DRTC, Guillén habría abandonado toda cautela administrativa para entablar negociaciones directas sobre mantenimientos y obras públicas. La evidencia, lejos de ser un rumor de pasillo, se sustenta en el cruce de información del portal oficial del SEACE y el registro de visitas de la entidad.
Las miradas apuntan con firmeza hacia el empresario Rolando Cantaro Yupanqui, quien ha mantenido una hegemonía sospechosa en las contrataciones durante la actual gestión de Koki Noriega. Los registros de ingreso a la DRTC confirman reuniones presenciales entre Cantaro y Tito Guillén en fechas críticas: apenas días antes de la presentación de ofertas para servicios de mantenimiento recientemente lanzados.
Indicio Colusorio:
La coincidencia cronológica entre las visitas del empresario y el otorgamiento de la buena pro constituye, según especialistas en derecho penal, un indicio de colusión que debe ser abordado con inmediatez.
Exigencia de Intervención Fiscal
Ante la gravedad de los hechos, se hace imperativa la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La opinión pública exige que la investigación no se limite a Tito Guillén, sino que alcance a las empresas de Cantaro Yupanqui por presunto tráfico de influencias y concertación.
Riesgo de Obstaculización
Dada la posición jerárquica de Guillén, el riesgo de manipulación de pruebas documentales o la coacción de testigos dentro de la DRTC es latente. Por ello, desde diversos sectores sociales se plantea la necesidad de medidas coercitivas, como la prisión preventiva, para garantizar que el proceso fiscal no sea obstaculizado por el poder administrativo que hoy detenta el funcionario
Fuente Noticiero Libre
