Diversas denuncias advierten que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no estaría cumpliendo con el compromiso de informar con transparencia a los gobiernos regionales y municipalidades sobre la calidad real de los ríos y lagos del país.
Según una denuncia enviada a este medio via correo electrónico, estas fallas impactan directamente en la salud pública, la agricultura y la pesca, debido a la presencia de cuerpos de agua altamente contaminados en varias cuencas.
Falta de comunicación y presión a los Gobiernos Regionales
Los gobiernos regionales –que no cuentan con especialistas en hidroquímica o calidad de agua– dependen de la ANA para obtener información técnica clave; sin embargo, denuncian que la institución no comunica oportunamente los resultados ni ejerce presión efectiva para que las regiones tomen acciones correctivas, pese a que estas son autónomas, esto generaría brechas de gestión que afectan el control ambiental y la prevención de riesgos sanitarios.
Acusaciones de corrupción y nepotismo
Información remitida a diversas entidades y que también llegó a este medio, alerta sobre una presunta red de profesionales favorecidos, contrataciones “a dedo”, incrementos salariales injustificados y nepotismo dentro de la ANA y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Según este reporte:
- Se otorgan sueldos elevados y beneficios internos sin evaluaciones transparentes.
- Algunos trabajadores acumulan descansos médicos dudosos y tardanzas toleradas.
- Existen vínculos familiares y amicales entre funcionarios, consultores y proveedores de servicios ambientales.
- Las contrataciones de profesionales CAS y locadores de servicios se habrían realizado por favoritismo, omitiendo procesos de selección abiertos.
- Existen profesionales que habrían sido contratados reiteradamente entre 2017 y 2025 mediante órdenes de servicio por montos elevados, algunos de los cuales no fueron reportados al OSCE.
Órdenes de Servicio cuestionadas
Según el correo remitido a este medio, parte de las presuntas irregularidades se reflejaría en la emisión de diversas Órdenes de Servicio (O/S), aprobadas sin sustento técnico claro, con posible direccionamiento y eventuales conflictos de intereses. Entre las O/S señaladas figuran:
- O/S N.º 0002583 – S/ 15,600
- O/S N.º 0002584 – S/ 15,600
- O/S N.º 0002586 – S/ 45,000
- O/S N.º 0002587 – S/ 15,600
- O/S N.º 0002588 – S/ 15,600
- O/S N.º 0002589 – S/ 15,600
- O/S N.º 0002590 – S/ 45,000
- O/S N.º 0002591 – S/ 45,000
Estas órdenes –según la denuncia– se habrían aprobado en un corto periodo y otorgarían acceso privilegiado a información interna sin los controles necesarios, además de presentar perfiles profesionales presuntamente inadecuados.
Cuestionamientos al “Programa Huella Hídrica”
El “Programa Huella Hídrica y Certificado Azul”, presentado como iniciativa ambiental, también es señalado como un presunto “arreglo comercial y de marketing” entre funcionarios de la Dirección de Calidad y empresas privadas. Entre las alertas destacan:
- Químicos y biólogos que antes trabajaron en consultoras ambientales ahora evalúan expedientes dentro de la ANA.
- Estos profesionales mantendrían vínculos con laboratorios, proveedores e industrias a las que prestaron servicios previamente.
- Esto, según la denuncia, favorecería opiniones técnicas, contrataciones y beneficios comerciales.
Manipulación de datos técnicos
La denuncia asegura que la información publicada en el Observatorio del Agua y otras plataformas de la ANA estaría basada en datos históricos manipulados entre 2008 y 2020, sin auditoría independiente internacional lo que afectaría la evaluación real de cuencas como:
- Ramis–Azángaro–Pucará
- Rímac
- Caplina
- Alto Marañón
- Huarmey
- Otros diagnósticos hidrográficos difundidos desde 2020
Profesionales cuestionados habrían participado en la elaboración de metodologías esenciales, como el Índice de Calidad Ambiental de Recursos Hídricos Superficiales (ICARHS), atribuyéndose autorías que corresponderían a cooperación internacional o equipos previos.
Relación con conflictos ambientales
Los denunciantes sostienen que la gestión parcializada de la calidad del agua influye en conflictos socioambientales activos, entre ellos:
- Río Llallimayo (Puno)
- Río Coralaque (Moquegua)
- Río Ragra, lago Quiulacocha y laguna Yanamate (Cerro de Pasco)
Según las denuncias, la información oficial no reflejaría la gravedad real de la contaminación en estas zonas.
Vínculos con exautoridades
La presunta red tendría su origen en 2011, durante la gestión del entonces jefe de la ANA, Hugo Eduardo Jara Facundo, quien habría colocado funcionarios que, pese a los cambios de gobierno, continúan ocupando cargos estratégicos hasta hoy; también se mencionan conexiones con exministros, autoridades regionales y personas investigadas en casos de corrupción y delitos funcionales.
Premios cuestionados
El pasado 6 de noviembre de 2025, la Universidad del Pacífico y el diario El Comercio otorgaron a la ANA un premio por Buenas Prácticas de Gestión Pública. No obstante, los denunciantes califican este reconocimiento como “una burla”, sosteniendo que no se realizó una verificación técnica real.
Fuente Altavoz
