A pocos días de las elecciones, una nueva contratación con el Estado termina envuelta en una grave acusación. La Contraloría General de la República publicó dos informes contra una empresa que brindó el servicio de seguridad en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, tras haber recibido un contrato millonario. Lo que ha llamado la atención es que, según el órgano de control, no habría contado con los requisitos mínimos exigidos para ello.
Se trata de la empresa Grupo MG Security S.A.C., cuya gerente general está identificada como Gladys Mendoza Malca. Esta compañía fue contratada para brindar el servicio de seguridad y vigilancia en el hospital de Lima, sin embargo, el órgano de control detectó diversos incumplimientos durante la ejecución del contrato, los cuales fueron consignados en dichos informes oficiales.
El contrato principal adjudicado a la empresa asciende a S/13,9 millones por un periodo de dos años, con inicio el 5 de enero de 2024 y fecha de culminación el 8 de enero de 2026. Durante ese tiempo, la empresa habría venido cobrando cerca de S/500.000 mensuales por el servicio.
Irregularidades en la prestación del servicio
De acuerdo con los informes publicados por la Contraloría, la empresa ejecutó el servicio sin cumplir con condiciones esenciales establecidas en el contrato. Entre las principales observaciones, se señala que no contó con la totalidad de agentes de seguridad exigidos y que parte del personal habría operado sin armas de fuego cuando estas eran requeridas.
Asimismo, se indica que algunos agentes no contaban con el carné de identificación para portar armas de fuego, emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Otro punto crítico advertido por el órgano de control es que el servicio se habría brindado sin que se instalara oportunamente el sistema de videovigilancia contemplado en el contrato. Además, la empresa no habría cumplido con los plazos establecidos para implementar este componente, lo que implicó que el hospital operara sin una herramienta clave de control y seguridad.
A estas observaciones de la entidad se suma que el inicio de la prestación del servicio también registró retrasos, pese a que los plazos estaban claramente definidos en las cláusulas contractuales.
La Contraloría también advierte posibles responsabilidades al interior del hospital, al señalar que los funcionarios no actuaron con la debida diligencia para sancionar estos incumplimientos. En particular, cuestiona que no se aplicaron penalidades al contratista, a pesar de las faltas detectadas.
Un elemento que también genera alerta en el sector es la garantía de fiel cumplimiento, monto de dinero que toda empresa deja como respaldo para asegurar que cumplirá correctamente el contrato, y que el Estado puede retener si no lo hace. Este es equivale al 10% del monto del contrato, es decir, alrededor de S/ 1,3 millones. Actualmente, la empresa estaría reclamando la devolución de esta garantía, pese a que los informes de la Contraloría evidencian múltiples incumplimientos.
Descargos
El Comercio se contactó con Gladys Mendoza Malca, gerente general de Grupo MG Security S.A.C., quien en un primer momento señaló que no brindaría detalles. Sin embargo, luego ofreció algunas declaraciones. “No les corresponde a ustedes, como prensa, involucrarse. Con quien tendría que hablar es con la Contraloría. Hay temas con el hospital en los que se está involucrando a mi empresa sin razón. Es una falsedad todo lo que está diciendo la Contraloría; recién me entero de esto”, afirmó.
“Mi empresa terminó bien el servicio, no tuvimos ningún problema. Hemos quedado en buenos términos con el hospital. Desmiento completamente esta denuncia. La Contraloría no nos ha hecho llegar ningún documento. Es verdad que hemos tenido penalidades, como toda empresa, pero ya las pagamos. Somos una empresa formal, no improvisada; contamos con todo. Hay muchas cuestiones con la actual gestión del hospital, pero mi empresa está totalmente desvinculada”, agregó.
Asimismo, sostuvo que “antes de que lleguemos, ese hospital no tenía ni una sola cámara. Cuando entramos, dimos todo. Nuestro trabajo marchó bien y no entiendo quién quiere hacernos tanto daño. Todas las observaciones que en su momento pudieron existir fueron subsanadas. No sé qué es lo que buscan. En el Estado hay muchas cosas podridas. Yo soy una mujer creyente y viuda; soy madre y padre para mis hijos. Le dejo a Dios todo lo que está pasando. Quien quiera hacerle daño a mi empresa no lo logrará, porque no tienen ningún argumento. Soy una persona que no le hace daño a nadie. Nuestro contrato con el hospital ya terminó; no tenemos nada que ver”.
Este Diario también se contactó con el equipo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Pese a que aseguraron que revisarían los informes y que se pronunciarían antes del cierre de la nota, no brindaron ninguna declaración.
Bajo análisis
Existen herramientas para enfrentar los incumplimientos contractuales de un contratista, las cuales están contempladas en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Así lo explicó a El Comercio el abogado especialista en contrataciones con el Estado y socio de STC Abogados, Christian Collantes. “Una de las herramientas es iniciar un proceso sancionador ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Otras herramientas son el envío de cartas notariales y la aplicación de penalidades, las cuales tienen un tope de hasta el 10% del monto total del contrato”, señaló.
“Sobre la devolución de una garantía, una vez que una entidad de la administración pública identifica la configuración de incumplimientos contractuales, queda habilitada para ejecutar el monto total de la carta fianza, equivalente al 10% del monto del contrato. En este caso, incluso ya existen informes de la Contraloría que sirven como evidencia (…). Además, si surge alguna controversia, se puede acudir a un tribunal arbitral colegiado para que evalúe el caso e incluso resolver el contrato”, agregó.
Sobre la empresa
En la página web de Grupo MG Security S.A.C., la empresa se presenta como “líder en el sector de seguridad privada” y señala contar con una “exitosa trayectoria desde el 2015 en seguridad, protección y vigilancia”.
En su web, la empresa señala que brinda diversos servicios, principalmente el resguardo de personas y bienes en sectores como el pesquero, hospitalario, industrial y minero, entre otros. En ese marco, asegura contar con personal capacitado, integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La empresa también ofrece servicios de seguridad marítima, orientados a compañías dedicadas a la extracción de recursos hidrobiológicos, tanto en agua como en tierra.
Fuente El Comercio
