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Inhabilitan a exfuncionarios por la sobrevalorización del puente San Miguel

Inhabilitan a exfuncionarios por la sobrevalorización del puente San Miguel

Cuatro exfuncionarios de la gestión de Javier Atkins fueron inhabilitados de ejercer el cargo público por el periodo de cinco años por parte de la Contraloría General de la República, tras detectarse irregularidades en la licitación y construcción de la obra del puente San Miguel.

SANCIONADOS

Se trata del presidente y miembros del Comité del Comité Especial Ad Hoc a cargo de la licitación del proyecto de construcción del puente, Iván Ríos Carranza, Jorsy Delgado Aquino y Jesús Díaz Luzuriaga.

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría confirmó la resolución que inhabilita de ejercer cargos públicos por cuatro años a los mencionados funcionarios.

Según la resolución N° 071-2018 , se determinó que Díaz, Luzuriaga, Delgado Aquino y Ríos Carranza actuaron parcializadamente en contra de los intereses del Estado al desestimar la propuesta técnica del postor Consorcio Río Piura, alegando que no cumplía con las bases para beneficiar al Consorcio Puente Viejo, que quedó como único postor.

El consorcio Puente Viejo ganó la licitación por más de 28 millones de soles.

PERJUICIO

Por otro lado, se sancionó al director de Estudios y Proyectos, Edwin David Troya Acha, al establecerse que existió una sobrevalorización del expediente técnico de la obra del puente San Miguel, que ocasionó un perjuicio de 4‘193,153 soles.

El órgano sancionador impuso a Troya Acha cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la funcion pública y a Díaz Luzuriaga, Delgado Aquino y Ríos Carranza cuatro años de sanción.

Los funcionarios mencionados eran responsables de la revisión y aprobación del expediente técnico.

Como se recuerda, este proyecto se ejecutó durante la gestión del ex presidente regional Javier Atkins Lerggios.

En su momento se cuestionó tres adicionales a la obra por un valor de más de siete millones de soles.

De enero a abril de este año, la Contraloría inhabilitó a diez funcionarios públicos por faltas graves.

Fuente Diario Correo

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