En 2025, el Presupuesto General de la República ejecutó aproximadamente S/253,000 millones. De este monto, S/102,000 millones —el 40.4%— se destinaron a bienes, servicios e inversiones, lo que resalta la importancia de los procesos de contratación pública en el gasto del Gobierno peruano. En términos simples, 4 de cada 10 soles del gasto público se destinan a contratos para proveer bienes, prestar servicios o ejecutar obras de infraestructura pública.
Para el Año Fiscal 2026, se asignaron en la Ley de Presupuesto más de S/88,000 millones a dichos rubros; sin embargo, el portal de Consulta Amigable del MEF —con la incorporación de saldos de balance— revela que ya se dispone a la fecha de más de S/98,000 millones que se ejecutarán esencialmente bajo régimen de la reciente Ley N.o 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas.
Este preámbulo es necesario para entender cómo se invierten los recursos públicos. Porque el sistema nacional de abastecimiento, uno de los once sistemas administrativos que regulan la operación estatal, resulta crucial para el logro de las metas y objetivos gubernamentales en el marco de la generación de valor público, cierre de brechas y aumento del bienestar de la población. En efecto, la Ley N.o 32069 regula las tres etapas de la contratación pública (actuaciones preparatorias, procedimientos de selección y ejecución contractual), pero el abastecimiento es mucho más amplio, pues integra la programación estratégica, gestión de almacenes, distribución, gestión patrimonial de los bienes adquiridos y su disposición final.
Si bien en los últimos años la tasa de ejecución de bienes y servicios (es decir, la aplicación exitosa desde la perspectiva estrictamente financiera del proceso de contrataciones) se ha mantenido en un nivel alto, alrededor del 90% a 92% —y a diferencia de la tasa de ejecución de inversiones que sí ha tenido un ostensible crecimiento de 70% (2021) a 84% (2025) en el último quinquenio—, hay muchos aspectos que mejorar, como por ejemplo, la vinculación entre la planificación de las contrataciones y la presupuestación operativa; es ahí donde radica la necesaria reforma que integre mejor el ciclo de la programación de los bienes, servicios y obras con el ciclo presupuestal y también con el ciclo de inversiones.
En segundo lugar, la sistematización, digitalización e interoperabilidad: fortalecer sistemas como Pladicop, SIGA y SIAF, asegurando que estén interconectados, y que la información fluya en tiempo real entre entidades y la DGA, para así generar una correcta trazabilidad del gasto público en relación con el sistema nacional de abastecimiento.
Un tercer paso para impulsar la eficiencia y transparencia en la contratación pública es potenciar el control documental digital por medio de la analítica de datos y el uso de la inteligencia artificial, así como la trazabilidad de los registros, y la reducción progresiva de la fragmentación normativa que es generada por la existencia de diversos regímenes especiales de contratación pública.
La profesionalización del personal de abastecimiento —responsable de las contrataciones públicas— es urgente, ya que muchas entidades peruanas carecen de equipos técnicos especializados. La capacitación bajo la Ley N.o 32069 (que reemplazó a la Ley N.o 30225, vigente desde 2014) resulta esencial para adaptarse a las nuevas reglas. Y, a mediano plazo, urge crear una carrera pública en gestión de abastecimiento, con formación continua y certificación obligatoria para personal logístico y también de almacén y control patrimonial.
Por otro lado, como bien dice Angel Jáuregui, especialista en contrataciones públicas, se requiere una supervisión más efectiva del Oece, DGA y CGR, puesto que, en la actualidad, la fiscalización es más formal que sustantiva y, por tanto, su relevancia para la contribución a la generación de valor público es reducida, por lo que es necesario un modelo de control más preventivo y concurrente, y no solo punitivo y posterior.
Exijamos al nuevo gobierno transformar la operación estatal de verdad, y un elemento clave es la modernización de los sistemas administrativos, especialmente el de abastecimiento. Esto fomentará una cultura de gestión por resultados, priorizando el impacto real de las contrataciones en la calidad del servicio público sobre el mero cumplimiento formal. Porque, más allá de discursos populistas que escuchamos hoy en campañas, si el nuevo liderazgo no profundiza en las mejoras, cambios, reestructuración y modernización del aparato estatal, prevalecerá el statu quo. El burócrata indolente e incompetente seguirá priorizando su interés personal sobre el servicio al país y la real atención de las demandas ciudadanas que el pueblo requiere.
Fuente Perú 21
