Pese a que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que una de las prioridades del gobierno es dotar de pistolas a los efectivos policiales para mejorar su eficiencia en la lucha contra la criminal, el proceso de adquisición ha sido postergado.
La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), comunicó a las empresas participantes que la fecha de la buena pro ha sido aplazada porque la entidad usuaria del armamento, la División de Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIVSEESP), requería más tiempo para evaluar los modelos propuestos.
Se trata de la compra de 31,045 pistolas de 9×19 mm. por US$22 millones, una operación que ha presentado una serie de tropiezos desde que se inició el proceso en el régimen de Dina Boluarte y que continúa en el actual mandato del presidente José Jerí.
Cambio de calendario
El jefe de la OGAF, Albino Nieto Cerpa, comunicó “la postergación de las etapas de evaluación de ofertas y adjudicación de buena pro, que estaba previsto que sería el 21 de noviembre.
En el mismo documento resolutivo Albino Nieto señala que el cambio de fecha de la adjudicación del contrario, se debió a que, “mediante un oficio de la División de Servicios Especiales de la PNP (área usuaria), solicitó se amplíe el plazo para terminar la revisión técnica de las ofertas presentadas”.
Sin embargo, el verdadero motivo de la postergación sería consecuencia de las denuncias presentadas por algunas de las empresas concursantes ante el Ministerio del Interior y la Contraloría.
Las empresas concursantes alegaron que la OGAF había modificado el proceso con el propósito de orientar la contratación a favor de la firma estadounidense SIG Sauer.
Los presuntos hechos irregulares fueron detectados cuando la OGAF absolvió las preguntas de las empresas postoras. Los concursantes se dieron cuenta que se planteaban exigencias que calzaban con la propuesta de SIG Sauer.
Son parte del proceso las firmas italianas Beretta y Tanfoglio, la checa CZ, la brasileña Taurus, y la israelí IWI.
“Las bases técnicas están a la medida de SIG Sauer. La dirección (a favor de esta empresa) es evidente. Las bases contienen textos específicos que sólo aplican a las armas SIG Sauer”, señala una de las imputaciones escritas.
“Se exige montar un taller para extender la vida útil de las pistolas SIG Sauer calibre 9x19mm adquiridas por la PNP en el año 2015. Este absurdo requisito excluye de plano a todos los demás fabricantes, ya que ningún competidor puede certificar o proveer repuestos de SIG Sauer”, se añade.
Un proceso con nombre propio
Estos hechos se produjeron durante la breve gestión del Ronnie Matienzo Mendoza como jefe de la OGAF, quien renunció luego de aprobar la compra de un avión Antonov AN-74 de segunda mano por US$63,9 millones, cuando su valor era de US$30 millones en 2014. Este caso todavía no ha sido resuelto por el gobierno de Jerí. Matienzo fue reemplazado por Albino Nieto.
El representante de una de las empresas que participa del proceso, quien solicitó mantener en reserva su identidad por razones obvias, dijo que no descartaba que la postergación de la buena pro podría tratarse de una maniobra en beneficio de SIG Sauer.
“Esta postergación me huele mal. El proceso tiene una serie de irregularidades y debió ser anulado”, dijo.
“Definitivamente hubo un direccionamiento para favorecer a la SIG Sauer y lo hicieron burdamente priorizando que se construyera un taller de mantenimiento que fuese aprobado precisamente por la SIG Sauer. Es como pedir a Toyota que repare vehículos Volkswagen. Una locura”, añadió.
Otros casos de presunto favoritismo de la OGAF
- En la adquisición de 3,164 chalecos antibalas para la PNP, la Contraloría en un informe advirtió que el modelo que ofreció la empresa mexicana Armor Life Lab por S/7 millones, no cumplía con los requisitos técnicos. Pero al Mininter no le importó y firmó el contrato.
- La OGAF adjudicó la compra de 56 vehículos blindados multipropósito (4×4) a la firma israelí Plasan Sasa por US$24 millones, pese a acusaciones de favoritismo.
- La OGAF también modificó la fecha en la que daría la adjudicación del contrato por la compra de 44 motobombas o “rochabuses” por US$25 millones.
Fuente La República
