Una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Miraflores arrojó una serie de irregularidades en los procedimientos de selección para cinco obras, valorizadas en total en S/11’822,017.79. Por ello, la Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa o ambas en siete funcionarios y servidores ediles.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 016-2025-2-2161-AC, que evaluó el período comprendido entre el 25 de octubre de 2023 y el 3 de marzo de 2025, las deficiencias se registraron en procedimientos de selección correspondientes a dos licitaciones públicas y tres adjudicaciones simplificadas vinculadas a obras de mejoramiento vial y espacios públicos.
Entre los procesos analizados figura la Licitación Pública N° 004-2023-CS-MM-1, destinada al mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Roca y Boloña, con una inversión de S/ 3’313 318.34. También se evaluó la Licitación Pública N° 011-2024-CS-MM-1, relacionada con la recuperación de vías locales en la calle Bolognesi, por S/ 4’046 978.17.
Asimismo, la Contraloría incluyó en su revisión la Adjudicación Simplificada N° 014-2024-CS-MM-1-1 para la renovación de pistas y la adquisición de mobiliario urbano en la calle Porta (S/ 1’147,964.05); la Adjudicación Simplificada N° 015-2024-CS-MM-1 para el mejoramiento vial en la calle General Varela (S/ 1’289 749.43); y la Adjudicación Simplificada N° 017-2024-CS-MM-1 orientada a la creación de espacios públicos urbanos en el Parque de la Juventud, valorizada en S/ 2’024,007.80.
El informe advierte que los comités de selección aplicaron criterios diferentes frente a situaciones similares, rechazando ofertas por errores formales o materiales que podían ser subsanados y exigiendo requisitos no contemplados en la normativa de contrataciones ni en las bases integradas. Esta actuación derivó en un trato desigual entre postores y restringió la libre concurrencia en los procesos.
En la licitación de la avenida Roca y Boloña, por ejemplo, se declaró la no admisión de 18 de las 23 propuestas presentadas debido a observaciones subsanables, como la falta de firmas legalizadas o defectos formales en promesas de consorcio. Además, durante la etapa de calificación se otorgaron puntajes sin sustento adecuado, lo que permitió adjudicar la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos establecidos.
Situación similar se registró en la licitación de la calle Bolognesi, donde algunas ofertas fueron desestimadas por errores tipográficos o exigencias no previstas, mientras que otras con observaciones idénticas sí fueron admitidas. La Contraloría también evidenció la asignación de puntajes sin justificación suficiente, lo que reflejó falta de uniformidad en la evaluación.
En las adjudicaciones simplificadas, se detectaron rechazos de propuestas por formalidades irrelevantes, como inconsistencias en fechas o legalizaciones notariales subsanables, y, en contraste, la admisión de ofertas que no cumplían especificaciones técnicas esenciales.
En tres de estos procedimientos, además, se produjeron empates entre postores con vínculos familiares y societarios, resueltos mediante sorteo electrónico, lo que implicaba que la adjudicación recaería en el mismo grupo económico.
Otro aspecto relevante del informe se refiere a la deficiente verificación de los requisitos de calificación y capacidad técnica y profesional. La auditoría concluyó que el Órgano Encargado de las Contrataciones no comprobó adecuadamente el cumplimiento de estos requisitos en la Licitación Pública N° 004-2023-CS-MM-1 ni en la Adjudicación Simplificada N° 017-2024-CS-MM-1, permitiendo la suscripción de contratos con postores que no acreditaron contar con las capacidades exigidas.
En el primer caso, el postor ganador no demostró disponer del equipamiento estratégico completo ni la experiencia requerida del plantel profesional clave. En el segundo, aunque se subsanó documentación observada, los profesionales propuestos no cumplían con el tiempo de experiencia establecido en las bases, situación que no fue advertida oportunamente por el área responsable.
La Contraloría señaló que estas irregularidades afectaron la legalidad y el adecuado funcionamiento de la administración pública, al limitar la participación de postores y reducir las posibilidades de contratar obras en mejores condiciones de calidad. Según el organismo de control, los hechos se originaron en decisiones deliberadas de los integrantes de los comités de selección y del órgano encargado de las contrataciones, quienes distorsionaron los criterios de admisión, evaluación y calificación de ofertas en perjuicio del interés público.
De acuerdo al informe de Contraloría, los funcionarios y servidores ediles comprendidos en las observaciones son:
Víctor Manuel Vega Paz, miembro del Comité de Selección (presunta responsabilidad penal y administrativa).
- Ruddy Astrid Cabrera De la Vega, miembro del Comité de Selección (presunta responsabilidad penal).
- Marysol Triveño Huamanñahui, miembro del Comité de Selección (presunta responsabilidad penal).
- Luis Miguel Olivares De La Rosa, miembro suplente del Comité de Selección (presunta responsabilidad penal y administrativa).
- Roberth Jhampier Aguilar Palomino, miembro suplente del Comité de Selección (presunta responsabilidad penal y administrativa).
- Félix Leopoldo Mojovich Pita, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial (presunta responsabilidad administrativa).
- Silvia Claudia Barrera Montesinos, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial (presunta responsabilidad administrativa).
Perú21 solicitó el descargo correspondiente a la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Miraflores, pero, al cierre de este artículo, no hubo respuesta.
Fuente Perú21
