Al iniciar 2026, el Perú se encuentra ante un punto de inflexión histórico. Este nuevo año —y especialmente el ciclo electoral que se avecina— nos obliga a mirar el pasado con honestidad, reconocer los avances normativos, repensar nuestras prácticas cívicas y comprometernos con un futuro de mayor transparencia, equidad y prosperidad compartida.
Desde el espacio de comprasestatales.org, donde día a día iluminamos el complejo universo de las contrataciones públicas, es imprescindible hacer una reflexión profunda sobre lo que hemos vivido y lo que está por venir.
Un año intenso para la justicia y la democracia
El 2025 fue un calendario cargado de hitos jurídicos sin precedentes en nuestro país. Varias figuras políticas de alto perfil enfrentaron a la justicia y fueron sentenciadas por delitos vinculados a corrupción y abuso de autoridad. Entre los casos más relevantes:
- Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de prisión por sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua.
- Pedro Castillo recibió más de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión tras intentar disolver el Congreso en 2022.
- Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años por lavado de activos ligado al financiamiento de campañas políticas.
- Alejandro Toledo, con condenas acumuladas por colusión y lavado de activos en casos relacionados con Odebrecht, suma una pena efectiva de más de veinte años.
Estos fallos —sin precedentes en la historia republicana reciente— representan un esfuerzo del sistema de justicia por enfrentar la impunidad. No obstante, la justicia por sí sola no transforma culturas ni atenúa desigualdades estructurales.
Corrupción y percepción ciudadana: un reto persistente
Pese a estos esfuerzos judiciales, la lucha contra la corrupción en el Perú tiene aún caminos por recorrer. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el país obtuvo apenas 31 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 127 entre 180 países evaluados. Esta posición revela una percepción de debilidad institucional y prácticas corruptas persistentes en la administración pública.
Además, encuestas recientes muestran que la inseguridad ciudadana, la corrupción y la situación económica figuran como las principales preocupaciones del electorado peruano de cara a las Elecciones Generales de abril de 2026. En un estudio nacional, el 41,8% mencionó la inseguridad como principal problema, seguido por corrupción y política con 27,4% y economía con 23%.
Este contexto de desconfianza ciudadana no puede ser ignorado por quienes trabajamos o observamos la gestión pública: es una llamada de atención para promover prácticas que fortalezcan la integridad del gasto y de los procesos de contratación pública.
El nuevo marco normativo: Ley 32069 y su impacto en las compras públicas
En 2025 se consolidó un nuevo marco jurídico para las contrataciones públicas, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento mediante Decreto Supremo N.° 009-2025-EF. Esta norma, publicada en el Diario Oficial, reemplaza el antiguo régimen de contrataciones y establece mecanismos más robustos para garantizar eficacia, eficiencia y economía en la adquisición de bienes, servicios y obras con fondos públicos.
Entre sus objetivos fundamentales están:
- Maximizar el uso de recursos públicos para el cumplimiento de fines estatales;
- Regular la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública;
- Introducir principios de gestión de riesgo, transparencia y valoración de ‘valor por dinero’.
Este marco, que moderniza procedimientos y fortalece exigencias para la administración pública, es una pieza clave en la lucha contra prácticas irregulares que históricamente han socavado la confianza en el Estado.
Comprasestatales.org: compromiso con la transparencia y la ciudadanía
En comprasestatales.org asumimos este nuevo año con energía renovada y propósito claro. Sabemos que la lucha contra la corrupción —especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas— no puede reducirse a cambios normativos o a sentencias aisladas. Es una tarea de largo aliento que requiere vigilancia ciudadana, análisis riguroso, capacidad de rendición de cuentas y educación continua de servidores públicos y ciudadanos por igual.
Nuestra labor en este espacio seguirá enfocada en:
- Desmenuzar las normas que rigen las contrataciones públicas, explicando sus alcances, oportunidades y riesgos;
- Monitorear casos de relevancia pública que impactan la integridad de la gestión estatal;
- Promover herramientas de transparencia y control social que empoderan a la ciudadanía frente al ejercicio del gasto público;
- Fomentar una cultura de integridad, donde la ética en la contratación estatal sea una práctica cotidiana, no la excepción.
Mirar al 2026 con esperanza y consciencia
Perú avanza hacia un proceso electoral que definirá no solo a sus próximos gobernantes, sino también el grado de compromiso colectivo con la democracia, la transparencia y la justicia social. Con más de 30 candidatos inscritos en la carrera presidencial, el panorama político refleja una sociedad fragmentada, pero también la posibilidad de repensar prioridades.
En este momento decisivo, votar con conciencia es un imperativo ético y cívico. No basta con elegir rostros nuevos o fórmulas que prometan cambio: se trata de evaluar propuestas claras, compromisos firmes con el Estado de derecho, con la lucha anticorrupción y con la justicia social para todos.
Un feliz y reflexivo 2026
A nuestros lectores y aliados en la defensa de la integridad pública, deseamos un feliz año 2026. Que este nuevo ciclo nos encuentre más unidos en la exigencia de más y mejores prácticas de contratación pública, más transparencia en la gestión estatal y, sobre todo, más compromiso con un Perú que deje atrás las sombras de la corrupción para caminar hacia un futuro justo, próspero y digno para todos.
Fuente Licita Fácil
