La Municipalidad de Lima anunció anoche con bombos y platillos que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano a solicitar información financiera en Estados Unidos vinculada al origen y financiamiento de la concesión Rutas de Lima.
El fallo fue emitido el 18 de noviembre ante el pedido de la comuna limeña, que desde la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga ha interpuesto distintos recursos en tribunales internacionales para anular los peajes que la concesionaria, que tiene entre sus accionistas a la corrupta empresa Odebrecht, instaló al sur y norte de la capital.
La municipalidad, que hoy dirige Renzo Reggiardo, ha emprendido sus acciones legales contra el fondo canadiense Brookfield, que en 2016 compró el 57% de Rutas de Lima a Odebrecht.
La tesis es que Brookfield tenía conocimiento de los presuntos actos de corrupción cometidos por la constructora brasileña antes de adquirir su participación en la concesión de los peajes.
De demostrarse esto, lo que buscan las autoridades ediles es que se sancione al fondo canadiense por incurrir en violaciones de leyes de la bolsa de valores neoyorquina. La entonces gestión de López Aliaga pagó S/3 millones al estudio Boies Schiller Flexner para sustentar la demanda, como reveló Perú21.
Los contratos vinculados a los cobros de peajes se firmaron tanto en la gestión de acusada exalcaldesa Susana Villarán como la del fallecido Luis Castañeda Lossio.
¿Se caen los arbitrajes de Rutas de Lima?
Sin embargo, no queda claro cuál es el efecto real e inmediato de ese fallo. De momento, solo es que el Estado peruano accederá a información de los movimientos de Brookfield que hizo en Scotiabank, la red de pagos CHIPS, KPMG y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Este diario contactó a Wilber Medina, abogado del municipio, para conocer qué se hará con la documentación a la que se acceda, si se usará contra los arbitrajes interpuestos por Rutas de Lima o en alguna otra medida legal.
“Primero tenerla (la información) y evaluar su contenido. Antes no puedo opinar sobre lo que no sabemos que se va encontrar”, dijo brevemente Medina.
Tener un informe final sobre las conclusiones de lo hallado puede tardar semanas y hasta meses.
Como se sabe, en marzo de este año, Brookfield inició un arbitraje contra la Municipalidad de Lima por US$2.700 millones por reiterados incumplimientos al contrato de concesión.
También se buscó los descargos de Rutas de Lima, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Fuente Perú21
