En el 2017, tras el desastre de El Niño costero, el Perú tomó una decisión audaz: crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Nació junto al Fondes y bajo un esquema excepcional que permitía algo poco común en nuestro Estado: rapidez y eficacia. Se trabajaba con expedientes técnicos y obra bajo modalidad ‘fast track’, contratos de gobierno a gobierno (G2G), estándares NEC y FIDIC, y un código especial que evitaba el largo tránsito por perfiles y estudios de preinversión. Era una respuesta extraordinaria frente a una emergencia extraordinaria.
Ese modelo permitió avanzar en carreteras, puentes, defensas ribereñas y drenajes pluviales con integralidad. No se fragmentaban los proyectos; se ejecutaban como sistemas completos de protección y desarrollo. Sin embargo, cuando se desactiva la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se transfiere la responsabilidad a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), se rompe la continuidad financiera y normativa.
Muchos proyectos quedaron desfinanciados. Otros, pese a tener expediente técnico avanzado o incluso contrato firmado, fueron obligados a reingresar a invierte.pe, retrocediendo a etapas de perfil o anteproyecto. Tiempo perdido. Dinero perdido. Peor aún: obras licitadas y en ejecución, si no alcanzaban el 50% de avance, fueron asfixiadas presupuestalmente. Se les retiró el financiamiento.
Hoy tenemos proyectos al 10%, 20% o 40% de avance que no tienen recursos para continuar. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que no debieron iniciarse. Pero en el Perú ninguna obra debería salir a licitación sin previsión presupuestal, la regla básica de la planificación pública.
El resultado es grave: arbitrajes inevitables, posibles demandas internacionales, paralización de infraestructura crítica y, lo más dramático, regiones expuestas nuevamente a lluvias extremas, desbordes y huaicos. Las defensas ribereñas y drenajes pluviales no son lujos, son obras que salvan vidas.
Mientras tanto, el Ejecutivo administra cerca del 65% del presupuesto nacional a través de 19 ministerios. Los gobiernos regionales y locales no tenemos capacidad para asumir obras de esta magnitud. Ya hemos redireccionado recursos para salvar algunas, pero no es suficiente.
La solución no es jurídica ni burocrática, es política. Se necesita una decisión inmediata del presidente de la República para priorizar la continuidad presupuestal de estos proyectos en la ANIN, reorganizar componentes y culminar lo empezado. Abandonar estas obras no solo genera un costo económico. Genera un costo social, humano y eventualmente responsabilidades administrativas y penales.
El Perú no puede reconstruirse retrocediendo.
Fuente El Comercio
