La Contraloría General de la República detectó que Provías Nacional (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) realizó pagos indebidos por S/2.5 millones al Consorcio Gestiones Viales del Norte, del que es parte la constructora peruana Obrainsa.
La empresa es investigada por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, por sus presuntos vínculos con el Club de la Construcción. Este diario informó que el pasado 4 de diciembre, el Poder Judicial decidió incluir a Obrainsa y otras 15 empresas como investigadas en el proceso penal.
El órgano de control realizó una auditoría al «Contrato de Servicios N ° 069-2012- MTC/20 para el Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor Vial: Emp.PE 04- B (Hualapampa) – Sondor – Huancabamba – Pacaipampa – Socchabamba – Puesto Vado Grande / Sondor – Tabaconas – Emp.PE 5N (Ambato) / Huancabamba – Canchaque y Socchabamba – Ayabaca”.
El fin de la inspección fue determinar si el contrato que elaboró Provías con el Consorcio Gestiones Viales del Norte se realizó cautelando las exigencias establecidas en la normativa vigente y las obligaciones contractuales. La revisión se hizo entre el 20 de marzo de 2013 al 5 de octubre de 2017.
“Funcionarios de Provias Nacional reconocieron pagos indebidos por S/2′536,227.40 en perjuicio de la entidad y pagos sin sustento técnico como ‘Emergencias’; situaciones que contribuyeron al agotamiento de los recursos del presupuesto contratado, originando la aprobación de la Prestación Adicional N° 1, sin sustento técnico ni legal; por otro lado, mediante el Presupuesto Deductivo N° 1 se eximió al contratista de obligaciones contractuales”, see lee en el documento.
También en el informe se detalla que “Provías Nacional demoró 15 meses en aprobar el Programa de Gestión Vial presentado extemporáneamente, situación que ocasionó una inadecuada gestión del contrato y mayores pagos en la partida de ‘Conservación Rutinaria antes de la Conservación Periódica’ por S/ 164, 869.42; además, ante los incumplimientos incurridos, no aplicaron las penalidades correspondientes por S/447 754.68”.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría a iniciar las acciones legales contra 25 funcionarios y servidores públicos.
Fuente Diario Gestión
