Un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) concluyó que las compras de las entidades públicas, excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado debido a su bajo monto, se multiplicaron por cuatro en el último decenio, llegando a representar el 20% del total de las adquisiciones estatales, según las cifras de la OSCE.
El investigador del CIUP y autor del estudio “Evaluando las compras excluidas de la Ley de Contrataciones del Estado”, Antonio Cusato, destacó que un aspecto fundamental de esta modificación en los gastos radica en el aumento del valor máximo para las compras menores. Antes de 2016, el límite era de 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); posteriormente, se elevó a 8 UIT, equivalente a aproximadamente S/35,000.
Cusato identificó que, en 2014, las compras menores representaban solo el 5% del total. Este porcentaje fue aumentando, especialmente con la ampliación del rango que se dio en 2016. Por lo tanto, en todos los años analizados, se observó una concentración de contratos justo por debajo del umbral que separa las compras menores de las mayores. En otras palabras, hay muchas más transacciones valuadas en S/34,000 que en S/36,000.
“Al establecer cada institución sus propios reglamentos de compra, es notoria la preferencia por esta práctica, pues implica una mayor flexibilidad y menores tiempos para su ejecución”, dijo.
Poca transparencia
De acuerdo con el estudio, los contratos no regulados muestran un nivel de transparencia mínimo. De hecho, en estas compras, no se conoce el precio individual pagado ni se tiene un conocimiento preciso sobre qué se está contratando. En contraste, las compras por encima del límite son transparentes y cuentan con información detallada. Como resultado, los contratos justo por debajo del límite resultan un 10% más caros en promedio.
Dado que, según datos del Banco Central, el gobierno general suele destinar más de la mitad o al menos la mitad de su presupuesto en la contratación de bienes, servicios y obras, Cusato manifestó que resulta imperativo no pasar por alto este cambio en la manera en la que el Estado utiliza los recursos de los contribuyentes.
El estudio reveló que durante el periodo 2018-2021 se registraron 50,000 contratos adicionales en el rango de valores entre S/30,000 y S/35,000, que sumaron un total de S/1,500 millones, una cifra significativa que sugiere la posibilidad de que las instituciones y contratistas hayan manipulado los términos del contrato a su favor para poder contratar por debajo del límite establecido.
Catálogos electrónicos
Según la legislación, existen otros procedimientos para contratar de manera transparente en el Estado por montos pequeños, como los Catálogos Electrónicos; sin embargo, no han experimentado un crecimiento exponencial como las compras menores.
El documento señala que las cifras revelan que las contrataciones en el marco de la ley tampoco han experimentado el mismo aumento exponencial observado en las compras menores, lo que sugiere una disminución en el nivel de transparencia del gasto en contrataciones del Estado durante el último decenio.
Fuente Perú21
