Luego de una evaluación preliminar y haber detectado evidencias de presuntas irregularidades, la Contraloría inició un “servicio de control específico” respecto a la millonaria licitación adjudicada al consorcio relacionado a Karelim López, asesora empresarial que días previos al otorgamiento de la buena pro había ingresado a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo y el entonces secretario general Bruno Pacheco, situación revelada por El Comercio hace dos semanas.
Según información a la que accedió este Diario, se trata de una nueva etapa en las acciones iniciadas por el órgano de control el lunes 29 de noviembre pasado, al día siguiente de la publicación periodística, en la cual intervendrán dos auditores especializados para identificar posibles infracciones administrativas e incluso delitos, así como a los responsables de los supuestos actos indebidos.
Con ese objetivo, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Provías Descentralizado, Rubén Sapallanay, envió ayer un oficio a Walter Pineda, director ejecutivo de la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que realizó el proceso de licitación. El contrato por S/232,5 millones fue obtenido, el 22 de octubre, por el consorcio Puente Tarata III, el cual tiene entre sus miembros a Termirex S.A.C., compañía a la cual Karelim López asesora desde hace años.
“(Se) ha dispuesto la realización de un servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, a la licitación pública de la obra ‘construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga’, en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín”, se lee en el documento firmado por el jefe del OCI de Provías Descentralizado.
Esta medida estará a cargo del propio Rubén Sapallanay, en calidad de supervisor, y de Jaime Mendoza, jefe de la Comisión de Control.
Entre los hechos que motivaron esta nueva fase de la pesquisa se encuentran los elementos revelados en diferentes informes de la Unidad de Investigación de El Comercio.
Uno de ellos está referido a la presunta indebida calificación de las ofertas de los postores por parte de la mayoría de los integrantes del comité de selección de la licitación, pues el presidente de este grupo de trabajo, Miguel Espinoza, en su voto en discordia sustentó que los consorcios participantes debían ser descalificados al no haber acreditado una facturación similar a la del valor referencial de la obra: S/304,9 millones.
Otro indicio es que los consorcios que se disputaron el primer lugar de la licitación, en la cual Puente Tarata III le ganó a Huayabamba por 27 céntimos de sol, están relacionados debido a que estas asociaciones empresariales se encuentran integradas por compañías que tienen como socio fundador a Marco Antonio Pasapera Adrianzén: Termirex S.A.C. y Corporación Imaginación.
Cabe anotar que las supuestas irregularidades en el proceso de selección de esta millonaria adjudicación son investigadas también en el Ministerio Público y en el Congreso.
Fuente El Comercio
