El informe previo N°055-2026-CG/GRAR advierte falencias técnicas, legales y financieras en el proyecto “Mejoramiento del servicio de provisión de riego de Uraca”, que el Gobierno Regional de Arequipa pretende ejecutar bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
El proyecto de riego que beneficiaría a 3070 personas en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, Arequipa, ha recibido un duro revés técnico de la Contraloría General de la República. El informe previo N°055-2026-CG/GRAR, emitido el 4 de agosto de 2026, ha identificado múltiples deficiencias que deberán ser subsanadas antes de convocar el proceso de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará la obra.
El proyecto, con un costo actualizado de S/12 894 215,87, busca mejorar el servicio de provisión de agua para riego en el sistema de riego Uraca. Sin embargo, el informe de la Contraloría señala que el estudio de preinversión presenta omisiones críticas. La principal observación técnica es que los planos del canal proyectado no incluyen el “camino de vigilancia”, una vía indispensable para el mantenimiento y reparación de la infraestructura durante su operación, incumpliendo los estándares técnicos del sector.
Además, el ente fiscalizador detectó la ausencia de memorias de cálculo que sustenten el diseño hidráulico de estructuras clave como el desarenador, y la falta de planos completos para el cálculo de metrados. Estas deficiencias, advierte el informe, podrían generar inconsistencias en la información que se entregará a las empresas interesadas en el proceso de selección.
En el ámbito legal, aunque se reconoce que el proyecto ha sido priorizado formalmente y que el comité especial fue designado en plazo, se recomienda revisar el calendario del proceso de selección. Se ha observado que el plazo para la suscripción del convenio con la empresa adjudicataria no se ajusta a lo establecido en el reglamento, que fija un máximo de diez días hábiles para la presentación de requisitos.
Un aspecto crítico es la definición de responsabilidades sobre el terreno. La entidad ha decidido que la empresa privada asuma la gestión de la disponibilidad física del terreno y el saneamiento físico-legal. La Contraloría recomienda que las bases del concurso y el convenio establezcan con claridad que la empresa privada cubrirá todos los costos asociados a este proceso, incluyendo trámites, estudios y expropiaciones, para evitar paralizaciones futuras.
En el aspecto financiero, el informe señala que, si bien la entidad cumple con las reglas fiscales de saldo de deuda total y ahorro en cuenta corriente para el primer trimestre de 2026, existen discrepancias entre el flujo de caja proyectado y los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se recomienda actualizar el flujo de caja considerando los topes máximos de capacidad anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) para el año 2026 (S/1 283 945 033,00), y sincronizar los montos con el formato N°08-A del Banco de Inversiones, donde se registra el costo total de inversión.
Finalmente, la Contraloría sugiere que el proyecto incluya un plan de contingencia con partidas para la instalación de un bypass y otras medidas que garanticen la continuidad del servicio de agua durante la ejecución de las obras, una recomendación que la entidad deberá atender antes de la convocatoria.
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