La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, ha complicado soberanamente al Estado peruano. No solo porque su avance en más de una década es de apenas 33%, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sino porque su desarrollo ha estado condicionado por demandas y maniobras legales que han extremado el gasto que inicialmente se estimó.
El misterioso negocio inmobiliario de Martín Vizcarra
Empresa de la esposa del expresidente ha puesto a la venta 190 lotes ubicados en una pampa casi desértica en Moquegua. Vizcarra “trabaja” para ella y publicita los predios, que pueden llegar a costar hasta 300,000 soles.
En abril de 2014, la Concesionaria Kuntur Wasi, integrada por las empresas Corporación América y Andino Investment Holding, se adjudicó la obra, cuya inversión sería de US$658 millones.
Pero tres años después, en julio de 2017, el Gobierno del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, resolvió unilateralmente el contrato y provocó que Kuntur Wasi demandara al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En 2024, el Ciadi emitió el laudo y ordenó al Perú pagar a la compañía $91’205,056 (cerca de S/328’338,201) por anular sin justificación el acuerdo comercial. Un golpe para las arcas públicas.
Debido a ello, la Contraloría General hizo una auditoría al contrato de concesión y, tras emitir un informe en el que advirtió irregularidades, el procurador de la entidad, Amado Enco, presentó una demanda millonaria contra los que considera los responsables genuinos de ese revés.
Exige indemnización
Enco, quien durante el mandato de Kuczynski fue procurador anticorrupción, pidió al Juzgado Especializado en lo Civil de Lima que el exministro del MTC Bruno Giuffra y de Comercio Exterior Eduardo Ferreyros Küppers paguen US$9’308,861 por daños y perjuicios.
Ese es el monto que el Estado peruano desembolsó por el proceso arbitral, contratando abogados que defendieran la posición del país.
Según la demanda, a la que accedió Perú21, Giuffra y Ferreyros suscribieron el oficio con que el Ejecutivo notificó a Kuntur Wasi la decisión “unilateral e irrevocable” de resolver el contrato de concesión por “razones de interés público”.
Lo que alertó el procurador público es que la anulación del acuerdo sucedió solo tres meses después de que el Gobierno y la concesionaria suscribieran la adenda 1, en marzo de 2017. Es decir, había un compromiso vigente para continuar con el aeropuerto que cambió extrañamente y sin previo aviso.
De acuerdo con la Contraloría, los exministros tenían la obligación por ley de coordinar y supervisar las gestiones desplegadas, y observar el sustento que se usaría para resolver el contrato.
No obstante, si bien se indicó que la anulación se debía a un “interés público” por acelerar la construcción e inicio de operaciones del terminal aéreo, el órgano de control concluyó que no se expresaron los motivos que fundamenten esa postura.
“Del contenido del informe no se advierte sustento técnico ni legal que justifique la decisión del concedente (el Estado) de resolver el contrato de concesión de manera unilateral (…) no se advierte ningún análisis o sustento que justifique el interés público de la resolución contractual”, indica la demanda.
El reporte del MTC del que se apoyaron los demandados fue avalado por Rosa Nakagawa Morales, la directora de Concesiones en Transportes en ese entonces. La exfuncionaria también fue comprendida por el procurador Enco para que pague la millonaria reparación.
Nakagawa explicó a este diario que lo que hizo fue elevar un informe que elaboró el Estudio Payet, Rey Cauvi, Pérez “sobre los escenarios de caducidad que el contrato consideraba”.
Refirió que se hizo el pedido al bufete de abogados porque el ministro Giuffra quería saber si la construcción del aeropuerto seguía siendo de interés público.
“El informe de Contraloría contiene errores sustanciales. En el propio laudo el tribunal (del Ciadi) afirma que no le es relevante en qué momento se sustentó la causal de interés público, sino si se configuró o no dicha causal. Eso siempre es controversial”, agregó.
Respecto al repentino cambio de parecer del MTC, que suscribió la adenda del contrato en marzo de 2017 y en julio de ese año optó por resolverlo, Nakagawa Morales alegó que “llevaba 19 días en el cargo” cuando se decidió la anulación. “No tuve nada que ver con la adenda o los convenios de suspensión posteriores”, sostuvo.
La exservidora pública dijo que presentará las pruebas en la vía civil y señaló que confía en que el Poder Judicial concluirá su caso “en forma positiva”.
En octubre de 2019, el Gobierno de Martín Vizcarra firmó un contrato con su par de Corea para reiniciar la construcción del aeropuerto Chinchero. El entonces ministro Edmer Trujillo aseguró que la terminal estaría operando en 2024, pero hasta hoy ni el 50% de su edificación se ha concretado.
Tenga en cuenta
-Perú21 buscó los descargos de Eduardo Ferreyros; sin embargo, desde su entorno indicaron que este no ha sido notificado con la demanda y que por recomendación de su abogado no daría declaraciones.
-También se enviaron preguntas a Bruno Giuffra a su correo electrónico, pero al cierre de esta edición no contestó las interrogantes. Sus allegados indicaron que vive fuera del país desde hace un par de años.
Fuente Perú21
