El Perú no enfrenta hoy una suma de escándalos aislados ni errores coyunturales de gestión. Lo que padecemos es algo mucho más grave y profundo: una corrupción sistémica, enquistada en el corazón mismo del poder, que atraviesa ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos reguladores y buena parte del aparato político. Un sistema que se protege a sí mismo, que se recicla y que castiga a quien lo denuncia.
La corrupción ya no es la excepción: es el método. Se gobierna para capturar rentas, para favorecer redes, para garantizar impunidad. Se legisla para blindar intereses. Se administra justicia con criterios políticos. Y, mientras tanto, el ciudadano honesto paga el precio con servicios públicos colapsados, inseguridad, pobreza persistente y una desconfianza creciente hacia la democracia.
Este modelo ha convertido al Estado en botín. Cada nuevo gobierno promete luchar contra la corrupción, pero termina sometido a ella o formando parte de sus engranajes. Las comisiones investigadoras se neutralizan, las fiscalías se politizan y las reformas se diluyen. El resultado es un país paralizado moralmente, donde robar sale barato y cumplir la ley resulta ingenuo.
Por eso, el problema no se resolverá con discursos, ni con parches legales, ni con campañas publicitarias. Se requiere una ruptura clara con la corrupción estructural, y esa ruptura exige instituciones nuevas, fuertes y verdaderamente independientes del poder político de turno.
En ese marco, resulta indispensable la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, como órgano constitucional autónomo, con capacidad real de prevención, fiscalización ética y sanción moral de la función pública. Un consejo integrado por personalidades intachables, sin militancia partidaria activa, con mandato claro y protección frente a represalias políticas.
Este consejo no reemplazará a la justicia, pero sí actuará donde hoy el sistema falla: en la vigilancia ética permanente, en la transparencia de las decisiones públicas, en la detección temprana de conflictos de interés y en la denuncia frontal de prácticas corruptas antes de que se conviertan en delitos consumados y, por supuesto, sacando a los funcionarios corruptos del Estado.
La lucha contra la corrupción no es un eslogan: es una decisión política. El Perú necesita recuperar la decencia como valor público. Sin moral pública no hay Estado eficiente, ni crecimiento sostenible, ni paz social. O extirpamos la corrupción sistémica ahora, o seguiremos condenados al atraso y al cinismo.
Por Francisco Diez Canseco T
Fuente Diario expreso
