Una visita de fiscalización realizada al Hospital del Niño permitió identificar deficiencias administrativas y presupuestales que afectan la capacidad de atención del centro de salud. Según los hallazgos, la institución cuenta con recursos aprobados para la contratación de servicios externos, pero carece de autorización para destinarlos a la adquisición de equipos médicos, lo que genera costos considerablemente mayores y una dependencia perjudicial para el sistema de salud.
El problema se origina en la estructura rígida del presupuesto público. El Hospital del Niño dispone de fondos en la partida correspondiente a “servicios”, rubro que incluye alquileres y contrataciones a terceros. Sin embargo, no cuenta con habilitación presupuestal en la partida de “bienes”, que es la categoría que permitiría la compra de equipos propios. Por consiguiente, aunque el dinero existe, su destino se encuentra limitado por normas de asignación que impiden reorientarlo.
El caso más ilustrativo de esta ineficiencia tiene relación con los equipos destinados al tratamiento de cálculos renales. Según los datos recabados, el hospital tendría que desembolsar aproximadamente S/ 450,000 por el alquiler del equipo y el servicio conexo para atender apenas 30 sesiones. El mismo monto permitiría adquirir el equipo nuevo y de forma permanente, lo que posibilitaría atender a miles de pacientes de manera continua y sin nuevos desembolsos.
La situación se agrava por circunstancias adicionales. A pesar de contar con la asignación presupuestal para contratar el servicio, la atención no se garantiza. Los proveedores externos y clínicas privadas se muestran reacias a celebrar contratos con el Ministerio de Salud, debido a un historial documentado de demoras en los pagos. Esto significa que, incluso teniendo fondos asignados, no es posible concretar el servicio.
El resultado es un escenario de triple afectación: el hospital no posee equipo propio; no puede comprarlo por restricciones normativas; y no logra alquilarlo por falta de confianza de los proveedores en el cumplimiento de los pagos. En consecuencia, los pacientes pediátricos que requieren tratamiento se ven privados de atención oportuna, quedando sujetos a las limitaciones del sistema.
Al respecto, la diputada Pierángeli Dodero ha presentado una propuesta orientada a corregir la distorsión normativa. La iniciativa plantea modificar las disposiciones presupuestales o emitir una directiva excepcional que faculte a las direcciones de los hospitales a trasladar recursos de la partida de “servicios” hacia la de “bienes”, cuando la adquisición de equipos resulte más conveniente y económica.
El propósito de la medida es otorgar mayor autonomía de gestión a los directores de los establecimientos de salud, para que puedan priorizar la compra de equipos médicos cuando el costo del alquiler sea igual o superior al valor de adquisición. De este modo, se evitaría el despilfarro de recursos en servicios temporales y se fortalecería el patrimonio del Estado.
“Es inaceptable que el sistema obligue a nuestros hospitales a despilfarrar 450 mil soles en 30 sesiones alquiladas, cuando con ese mismo dinero podrían comprar el equipo para siempre. La burocracia está encareciendo la salud y dejando a los niños sin atención”, señaló la parlamentaria.
La solución planteada implica, fundamentalmente, dotar de flexibilidad a normas que hoy resultan contraproducentes. No se trata de aumentar el presupuesto, sino de permitir que los recursos existentes se empleen de manera racional. Si alquilar cuesta más que comprar, la lógica indicaría que debe adquirirse el bien. La norma actual, sin embargo, impide hacerlo.
La propuesta busca, además, que la inversión en salud se traduzca en patrimonio permanente del Estado. Cada vez que se paga por un alquiler, el recurso se agota sin dejar beneficio futuro. En cambio, la compra de equipos permite su uso prolongado y gratuito para miles de pacientes. Es esta diferencia entre gasto corriente e inversión lo que la iniciativa pretende reivindicar.
El problema identificado en el Hospital del Niño no es un caso aislado, sino consecuencia de una estructura presupuestal que separa de manera rígida categorías de gasto. La modificación normativa que se impulsa podría beneficiar a múltiples establecimientos de salud, permitiendo que los fondos públicos se orienten a lo que realmente requiere la población: equipos propios, suficientes y permanentes.
Fuente Perú21
