Un informe de la Contraloría General de la República ha revelado graves irregularidades en la gestión de un proyecto de inversión pública en el distrito de Socabaya, provincia de Arequipa. El documento oficial, correspondiente al Servicio de Control Específico N° 011-2026-2-1313-SCE, concluye que la Municipalidad Distrital de Socabaya pagó un total de S/ 62,350.00 por servicios de consultoría que resultaron inútiles para la ejecución de un parque recreativo. Esto se debe a que los estudios fueron elaborados y aprobados sin verificar la disponibilidad legal del terreno y obviando la existencia de líneas eléctricas de alta tensión en el área.
La investigación, que abarcó el período entre setiembre de 2020 y diciembre de 2025, se centró en el proyecto denominado «Creación del servicio de recreación y esparcimiento pasivo y activo en el sector de La Campiña». El ente de control determinó que los funcionarios y servidores de la comuna dieron conformidad y autorizaron los pagos por la elaboración del estudio de preinversión, el expediente técnico y su respectiva evaluación, a pesar de que los proveedores no cumplieron a cabalidad con los términos de referencia establecidos.
Terreno no municipal y líneas de alta tensión
La principal anomalía detectada radica en que el predio donde se proyectaba la obra, ubicado en el Programa La Campiña, no es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Socabaya. Según la partida registral P06115773 de SUNARP, el terreno pertenece a la Comisión AD-HOC – Ley N° 29625/FONAVI S/D. A esto se suma que el área está atravesada por dos líneas eléctricas: la L.T. Santuario – Socabaya (138 kV) y la L.T. Socabaya – Jesús (33 kV), cuya faja de servidumbre impide la construcción de infraestructura permanente.
La Contraloría señala que tanto el estudio de preinversión como el expediente técnico aprobado, hicieron caso omiso a estos factores críticos. El panel fotográfico de los propios documentos evidenciaba la presencia de torres y cables de energía, y la memoria descriptiva del expediente técnico mencionaba que el área era un «aporte de reserva a SEAL». Sin embargo, durante la fase de formulación y evaluación, la Unidad Formuladora no verificó el saneamiento físico legal del predio, un requisito indispensable según la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Pagos por servicios incompletos
Las contrataciones se realizaron en tres etapas. Primero, se pagó S/ 31,750.00 a la empresa Construcciones y Servicios CATOGA E.I.R.L. por el perfil de inversión, servicio que no incluyó el anexo sobre el saneamiento del terreno. Posteriormente, se abonaron S/ 25,900.00 a Jesús Umeres Riveros por el expediente técnico y S/ 4,700.00 a Efraín Ruiz Palomino por su evaluación. Pese a las múltiples observaciones y la demora en el levantamiento de estas, los documentos fueron aprobados mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 0179-2022.
El informe detalla que los productos entregables presentaban faltantes significativos, como la ausencia de planos de ubicación de calicatas, cotizaciones insuficientes y memorias descriptivas sin la firma de especialistas. A pesar de ello, los entonces gerente de Desarrollo Urbano, Gustavo Pablo Gómez Granda, y la subgerente de Obras Públicas, Shirley Lucy Zegarra Coaguila, otorgaron las conformidades respectivas, lo que permitió los desembolsos.
Proyecto inviable en Socabaya
La falta de previsión ha dejado al proyecto en un limbo administrativo. La Gerencia de Desarrollo Urbano reconoció en comunicados oficiales de 2024 y 2026 que la obra no puede ejecutarse. La entidad no ha iniciado la gestión formal para la transferencia del predio. La propia empresa concesionaria de la línea eléctrica, Red de Energía del Perú S.A. (ISA REP), manifestó por escrito que el proyecto, tal como está concebido, introduce riesgos eléctricos y de seguridad pública, declarando su inviabilidad técnica.
A esto se suma que el expediente técnico, aprobado en noviembre de 2022, ha perdido su vigencia, ya que la normativa establece un plazo máximo de tres años para su ejecución, el cual ha vencido sin que se haya iniciado obra alguna.
En consecuencia, el Órgano de Control Institucional ha recomendado al Procurador Público de la Contraloría General de la República iniciar las acciones legales civiles correspondientes. El informe final fue notificado a la Municipalidad Distrital de Socabaya el 24 de junio de 2026 y remitido a la Procuraduría para el inicio de las acciones judiciales, buscando el resarcimiento del perjuicio económico causado a la entidad edil de Arequipa.
Fuente El Búho
