Cristian Castillo, abogado de la empresa de transportes Galaga, confirmó que la organización participará en el nuevo concurso para el traslado del material electoral de la segunda vuelta, programada para el próximo 7 de junio.
Según el representante legal, la decisión busca demostrar que cuentan con la preparación técnica y moral necesaria para cumplir con el servicio, a pesar de las investigaciones vigentes.
“Queremos demostrar que Gálaga puede ganar en este y en cualquier concurso porque tiene la capacidad como empresa“, sustentó en Canal N.
Castillo enfatizó que la obtención de contratos previos se ha debido a la capacidad de su personal y no al otorgamiento de dádivas, asegurando que Galaga mantiene las “manos limpias” frente a las acusaciones de presunta colusión.
Empresa Galaga investigada por irregularidades
La empresa Galaga se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades debido a los incidentes ocurridos el pasado 12 de abril.
En dicha fecha, se reportaron demoras críticas en la entrega de material electoral, lo que impidió la apertura de diversas mesas de sufragio y locales de votación.
Esta situación afectó directamente el derecho al voto de aproximadamente 52 mil ciudadanos.
Ante estos hechos, Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE, responsabilizó categóricamente a Galaga por la falta de distribución oportuna, lo que posteriormente derivó en su renuncia y una orden de impedimento de salida del país.
Por su parte, la transportista ha desmentido estas versiones, atribuyendo los retrasos a una supuesta falta de planeamiento por parte de la ONPE.
No obstante, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la contratación del servicio, abriendo un proceso judicial complejo que involucra a altos mandos electorales y representantes de la firma.
Denuncia penal y procesos fiscales en curso
Debido a la gravedad de los hechos, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, presentó una denuncia penal ante la Octava Fiscalía Corporativa de Cercado de Lima el lunes 13 de abril.
Esta acción legal está dirigida contra el exjefe de la ONPE y otros funcionarios como Samamé Blas, Alarcón Gonzáles y Ricardo Saavedra.
La denuncia también incluye formalmente a Juan Alvarado, gerente de esta empresa de transportes, bajo la lupa por el presunto delito de colusión y otros que resulten responsables durante las investigaciones fiscales.
A pesar de este panorama legal, la defensa de Galaga sostiene que su participación en la próxima licitación es un acto de transparencia para ratificar su solvencia técnica frente a la competencia.
Fuente Willax
