Huamanga. El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho obtuvo una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad contra dos exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Pacaycasa y un particular, tras ser hallados responsables, en primera instancia, del delito de colusión simple en perjuicio de la entidad edil.
Los condenados son U. F. H. F. (48), exgerente municipal; L. S. F. G. (31), exjefe de Abastecimiento y Control Patrimonial; y F. G. H. (43), señalado como cómplice primario en los hechos investigados.
La investigación estuvo a cargo del fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe, quien sostuvo que los entonces funcionarios habrían concertado ilegalmente con el particular para favorecerlo con la buena pro de la consultoría denominada “Evaluación y elaboración de documentos de gestión de la Municipalidad Distrital de Pacaycasa”, durante el 2020.
Contratación bajo cuestionamiento
Según la tesis fiscal acogida en la sentencia, los exfuncionarios habrían otorgado la buena pro al consultor pese a conocer que este no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia.
El otorgamiento se habría producido los días 13 y 14 de septiembre de 2020, pese a que, de acuerdo con las reglas aplicables al estudio de mercado, el procedimiento debía considerar un plazo mínimo para recibir otras cotizaciones, que se extendía hasta después del 25 de septiembre de ese año.
La Fiscalía sostuvo que esta actuación permitió favorecer al proveedor en el proceso de contratación.
Otro de los hechos considerados en la investigación ocurrió en diciembre de 2020, cuando los funcionarios aprobaron el pago de la totalidad del servicio contratado. Sin embargo, los documentos de gestión y los talleres correspondientes a la consultoría recién fueron aprobados en 2022, aproximadamente dos años después de efectuado el pago.
Sanciones impuestas
Además de la pena de cuatro años de prisión, la sentencia establece una reparación civil de S/30 mil a favor de la entidad agraviada.
Los sentenciados también fueron inhabilitados por ocho años para contratar con el Estado y ejercer determinadas funciones, además del pago correspondiente a 240 días-multa.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, la pena privativa de libertad se encuentra suspendida hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, por lo que se trata de una condena emitida en primera instancia y aún sujeta a las etapas correspondientes del proceso judicial.
El Ministerio Público señaló que continuará con las acciones orientadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción que afecten a las entidades públicas.
Fuente Jornada
