Al sustentar su pedido de que se dicte tres años de prisión preventiva para el empresario Denis Russell Reyes Ochoa, la fiscal anticorrupción Laura Núñez lo acusó de ser integrante de la supuesta organización criminal «Los Negociadores de la Región» bajo las órdenes de la jefa Shayla Luicho Romero
«En el Gobierno Regional se enquistó una organización delictiva a efectos de direccionar tanto las obras como los servicios, liderada por el exgobernador de Huánuco Juan Alvarado Cornelio (…) y sus jefes [eran] Juan Lenon Alvarado Modesto, Rosa Inés Alvarado Modesto (hijos de Juan Alvarado], su sobrino Romel Alvarado Loarte y Shayla Luicho Romero vinculada por amistad», explicó la fiscal.
Así, sustentó que en el tercer nivel de dicha organización criminal se encuentra el grupo operativo conformada por «aquellas personas que por ser integrantes han dado soporte. En este caso, el soporte de Denis Russell Reyes Ochoa es brindar el nombre de su empresa a efecto de que se continúen direccionando estas contrataciones de bienes y servicios con el Estado. En este caso hubo una contratación de una consultoría para elaborar el expediente técnico de la obra Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en la localidad de Churubamba…»
La fiscal se refirió a la Adjudicación Directa Selectiva n.º 7-2021 convocada por la Municipalidad Distrital de Churubamba en el 2021 y que fue adjudicada al consorcio Las Palmeras integrada por la empresa Inversiones Delgado Rosario SAC y por el ingeniero Félix Velásquez Vásquez, también detenido. Russel Reyes fue designado representante legal de dicho consorcio.
El exalcalde de Churubamba, Elber Leandro, también investigado bajo la sospecha de ser integrante de la misma organización criminal, ha admitido que «coordinó» con Shayla la elaboración de dicho expediente.
La Fiscalía sostiene que Russel «realizó los actos de concertación correspondientes con Shayla Luicho, [su esposo] Elmer Guido Enrique Osorio, el alcalde de Churubamba Elber Leandro y el Comité de Selección a efecto de que la adjudicación simplificada sea direccionada a favor de este integrante de la organización».
El abogado de Rusell, Juan Carlos Fuster Cueva, negó los delitos imputados a su patrocinado y en cambio aseguró que este perdió dinero con el contrato con la Municipalidad de Churubamba porque solo le pagaron el 10 % del monto pactado y a pesar de los requerimientos que le ha hecho a Elber Leandro para que le cancelen por el servicio, no tuvo respuesta positiva.
El abogado usó esa situación para negar que su patrocinado forme parte de una organización criminal y haya incurrido en colusión. «Se ha venido requiriendo [el pago] a la presunta persona [con la] que se ha coludido y quien le niega el pago es el mismo alcalde», enfatizó.
A su turno, Rusell le pidió a la jueza llevar su caso en libertad, pues es sostén de su madre que está enferma. Tras negar conocer a Juan Alvarado, sus hijos y sobrino, dijo que ha sido una de las pocas personas que ya ha declarado y reiteró que ha perdido dinero con su contrato con la Municipalidad de Churubamba. «Conozco a Elber Leandro desde el 2019 porque hice un par de trabajos con la Municipalidad de Churubamba y pese a conocerlo y tener tratos con él no he sido beneficiado con el pago. Si hubiera sido una organización se hubiera orquestado todo, me hubieran pagado, repartido el dinero», alegó.
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