Un contrato de más de S/ 170 millones para mejorar la vía AR-116, que conecta Cayma – Yura – Pampa Cañahuas, está nuevamente bajo cuestionamiento luego de detectarse que el Consorcio Vial Yura presentó un certificado laboral presuntamente adulterado para acreditar la experiencia de un ingeniero. La empresa emisora desconoció el documento y precisó que el profesional inicialmente trabajó como locador, por lo que no cumplía con el periodo de experiencia formal declarado. El GRA ahora evalúa las consecuencias legales, que podrían incluir la nulidad del contrato, sanciones e incluso responsabilidades penales.
El problema gira en torno a un proyecto de gran importancia para la región: el “Mejoramiento de la vía AR-116”, una carretera clave que conecta el Desvío Cayma, Cabrerías y Pampa Cañahuas, cruzando los distritos de Cayma y Yura en la provincia de Arequipa. Este megaproyecto de transporte cuenta con un presupuesto enorme de S/ 176,723,519.15. El contrato fue entregado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) al Consorcio Vial Yura, un grupo formado principalmente por la empresa Cía. Inmobiliaria Montenegro S.A.C. (con un 89% de participación), acompañada por Levon South America S.A. y el consultor Ciro Alegría Alvaron.
Para ganar este tipo de concursos públicos, el Estado exige que las empresas demuestren que sus ingenieros tienen mucha experiencia trabajando con contratos formales (lo que se conoce técnicamente como estar “en planilla”). En este caso, el consorcio presentó un certificado de trabajo de la empresa J.R. Servicios Generales perteneciente al ingeniero Juan Fredy Quispe Luque.
Sin embargo, cuando el Gobierno Regional de Arequipa decidió verificar los papeles, la empresa dueña de la firma reveló la verdad: el certificado presentado ante el Estado estaba adulterado. El documento falso decía que el ingeniero trabajó contratado formalmente desde el 4 de junio hasta el 31 de octubre de 2024. La realidad era otra: durante el primer mes (del 4 de junio al 2 de julio) solo prestó servicios independientes (locador), y recién pasó a ser trabajador contratado formal el 3 de julio de 2024. Con este cambio de fechas, se intentó simular que el profesional tenía más tiempo de experiencia formal del que realmente poseía para cumplir con las exigencias del concurso público.
La situación se volvió aún más grave cuando se descubrió que los representantes del consorcio intentaron presuntamente habrían querido “tapar” el problema. Al enterarse de que la empresa J.R. Servicios Generales había desconocido el certificado ante el Gobierno Regional, tres representantes de los consorciados (Darlin Tolentino, Alejandrino Ramos y Michell Miranda) habrían contactado a una intermediaria llamada Bárbara Chirinos para ver si tenía llegada con los dueños de dicha empresa.
En esa reunión, le pidieron que intercediera ante la empresa J.R. Servicios Generales para que cambie o modifique la versión dada al Gobierno Regional de Arequipa. Querían que la empresa emisora se retractara del informe enviado al Gobierno Regional y enviara una nueva carta diciendo que el certificado del ingeniero Quispe Luque sí era verdadero, buscando así salvar el millonario contrato.
¿Qué consecuencias enfrentan?
Actualmente, el Gobierno Regional de Arequipa deberá determinar qué consecuencias corresponden frente al cuestionamiento del documento presentado por el Consorcio Vial Yura y si este tuvo incidencia en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la contratación. De acreditarse la presentación de información falsa o adulterada, podrían generarse consecuencias administrativas y contractuales, entre ellas una eventual nulidad o resolución contractual, además de sanciones e investigaciones por las responsabilidades que correspondan. Las empresas integrantes del consorcio también podrían enfrentar procedimientos ante las autoridades competentes en materia de contratación pública.
Además, el propio acuerdo interno de las empresas integrantes del consorcio establece responsabilidades frente a la presentación de información falsa, por lo que también deberá determinarse qué integrante proporcionó o presentó el documento cuestionado y quiénes intervinieron en su utilización ante el Estado.
Obra cuestionada
El caso del certificado laboral no sería el único cuestionamiento que ha rodeado a la obra Cayma–Cabrerías–Pampa Cañahuas. El proyecto también ha sido objeto de observaciones relacionadas con su expediente técnico, entre ellas aspectos vinculados a estudios de suelos, metrados, costos de transporte y componentes de diseño, cuestionamientos que fueron materia de revisión y que el Gobierno Regional de Arequipa ha señalado posteriormente haber subsanado. A ello se suman interrogantes sobre el control y supervisión de la ejecución de una obra que supera los S/176 millones y que, por su importancia estratégica y dimensión presupuestal, se encuentra bajo la atención de los órganos de control y de la opinión pública. Ahora, la presunta utilización de un certificado laboral cuestionado abre un nuevo frente que deberá ser esclarecido para determinar si la documentación presentada fue determinante para la contratación y quiénes serían los responsables.
Fuente Revelación
