La entrada en vigencia de la Ley N.° 32069 y su Reglamento ha marcado un punto de quiebre en la forma en que las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus contrataciones. Uno de los cambios más relevantes —y quizá todavía insuficientemente comprendido por muchos operadores— es la incorporación de la gestión de riesgos como eje transversal del proceso de contratación pública.
No se trata de una exigencia meramente formal ni de un documento adicional para cumplir con el expediente. Hoy, identificar riesgos desde la fase preparatoria puede significar la diferencia entre un contrato exitosamente ejecutado y otro que termine en ampliaciones de plazo, penalidades, arbitraje o incluso resolución contractual.
Durante años, muchas controversias en contrataciones públicas no tuvieron su origen en la etapa de ejecución, sino en deficiencias que pudieron advertirse desde el inicio: términos de referencia incompletos, estimaciones irreales de plazos, asignación deficiente de responsabilidades, riesgos técnicos no previstos o ausencia de mecanismos de contingencia.
La nueva normativa obliga precisamente a romper con esa lógica reactiva.
La Ley 32069 exige que las entidades adopten una mirada preventiva, evaluando desde la planificación aquellos factores que puedan afectar el costo, plazo, calidad y continuidad del servicio, bien u obra a contratar. Esto supone un cambio cultural importante para las áreas usuarias, los órganos encargados de las contrataciones y quienes participan en la elaboración de bases.
En la práctica, cada objeto contractual presenta riesgos distintos.
En obras públicas, por ejemplo, suelen presentarse contingencias relacionadas con interferencias, saneamiento físico legal, disponibilidad del terreno o condiciones geológicas no previstas.
En servicios y consultorías, los mayores riesgos suelen concentrarse en la indefinición de entregables, modificaciones del alcance y retrasos en la conformidad de prestaciones.
En bienes, especialmente aquellos críticos o especializados, aparecen riesgos vinculados al abastecimiento, especificaciones técnicas, compatibilidad y calidad.
Por ello, la matriz de riesgos deja de ser un anexo decorativo para convertirse en una verdadera herramienta de gestión y defensa institucional.
La experiencia demuestra que muchas nulidades, controversias y observaciones de control podrían evitarse con una adecuada identificación temprana de riesgos y una correcta asignación a la parte que se encuentre en mejor posición para administrarlos.
En ese contexto, la capacitación especializada ya no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para las entidades públicas, consultores, proveedores del Estado y profesionales vinculados al sistema.
Precisamente, se viene difundiendo el curso especializado “Contratación Pública Basada en Riesgos en el Marco de la Ley 32069 y su Reglamento”, desarrollado bajo modalidad online asíncrona (autoinstructiva), lo que permite a los participantes avanzar a su propio ritmo desde cualquier parte del país o del extranjero.
El programa cuenta con certificación de 200 horas académicas, avalado por CIIED – REDEM – REED, e incluye como material complementario el libro “Gestión de riesgos en la contratación pública: Claves para una ejecución efectiva”.
El curso será dictado por Juan Carlos Rodríguez Luna, profesional con grado MBA, CPC, certificación OSCE/OECE, investigador CIID y docente universitario, con experiencia en el análisis de riesgos aplicados a la contratación pública.
Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al +51 934 766 294 o acceder directamente a la plataforma virtual correspondiente.
Hoy más que nunca, la profesionalización del sistema pasa por entender que el riesgo no se elimina, pero sí puede ser identificado, mitigado y asignado correctamente.
