En el día a día de las contrataciones públicas, muchos proveedores suelen atribuir la pérdida de la buena pro, la descalificación de sus ofertas o incluso el inicio de procedimientos sancionadores a supuestas ambigüedades de las bases, vacíos de la ley o criterios arbitrarios de la entidad. Sin embargo, la experiencia práctica demuestra que, en una parte importante de los casos, el problema no está en la norma, sino en la forma en que esta es leída e interpretada.
Luego de más de 27 años de experiencia asesorando a proveedores del Estado, hemos podido advertir que una de las principales causas de error sigue siendo la falta de comprensión lectora y criterio técnico al momento de revisar las bases, la Ley N.° 32069 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.
Las reglas del procedimiento, en términos generales, suelen encontrarse claramente desarrolladas en las bases, en los requerimientos técnicos y en la normativa aplicable. El problema surge cuando el postor realiza una lectura superficial, fragmentada o basada en supuestos, sin analizar el documento en su integridad.
Uno de los errores más frecuentes es no distinguir entre los requisitos de admisión y los factores de evaluación. No es lo mismo un documento cuya ausencia genera la no admisión de la oferta, que un requisito cuya deficiencia solo afecta el puntaje. Esta diferencia, que parece elemental, continúa siendo una fuente constante de consultas, observaciones y apelaciones.
Otro punto crítico se presenta en la acreditación de la experiencia del postor y del personal clave. Muchas bases definen expresamente qué debe entenderse por “servicios similares”, pero no son pocos los casos en los que se presenta documentación que, aunque guarda cierta semejanza con el objeto de la contratación, no cumple estrictamente con la definición establecida por la entidad. Posteriormente, frente a la descalificación, se sostiene que la entidad actuó de manera arbitraria, cuando en realidad la respuesta se encontraba en una lectura cuidadosa de las propias bases.
Lo mismo ocurre con la subsanación de ofertas. Algunos proveedores consideran que cualquier omisión puede corregirse; otros asumen que todo error es insubsanable. Ambas posiciones suelen partir de una interpretación incompleta de la normativa. El análisis correcto exige criterio jurídico, comprensión del procedimiento y lectura sistemática de la norma y de las bases.
En nuestra experiencia, muchas controversias que terminan en recursos de apelación o en cuestionamientos ante el Tribunal de Contrataciones Públicas pudieron haberse evitado con una revisión técnica previa de la oferta. La diferencia entre una propuesta admitida y una oferta descartada muchas veces no está en el precio, sino en la correcta comprensión de las reglas del proceso.
Este es un tema que merece mayor reflexión en el mercado de proveedores del Estado. No siempre el problema es la ley, el reglamento o las bases; en muchos casos, el verdadero obstáculo es la ausencia de criterio para interpretar adecuadamente lo que está escrito.
Desde licitafacil.pe, con más de 27 años de experiencia en asesoría integral en contrataciones públicas, venimos acompañando a proveedores del Estado en la revisión técnica de sus ofertas, recursos de apelación y procedimientos sancionadores, precisamente para prevenir errores evitables que nacen de una lectura incompleta o de una interpretación incorrecta de las bases y la normativa vigente.
Este es un tema que merece abrir un debate serio entre quienes participan en las contrataciones públicas. ¿Usted considera que el principal problema está en la norma o en la forma en que se interpreta? ¿Ha tenido alguna experiencia en la que una oferta haya sido descalificada por una lectura incorrecta de las bases o por falta de criterio en su evaluación? Cuéntenos su experiencia y su opinión en los comentarios. El intercambio de casos reales y puntos de vista siempre enriquece el análisis y contribuye a mejorar las buenas prácticas en la participación de proveedores del Estado.
