El proyecto de electrificación rural en el distrito de Pizuquia, provincia de Luya, enfrenta un escenario crítico. La empresa encargada de la ejecución habría emitido una advertencia formal sobre la posibilidad de abandonar la obra, lo que pondría en riesgo la culminación de un servicio básico esperado durante años por decenas de anexos.
La responsabilidad financiera del proyecto recae en el Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), entidad que hasta el momento no ha brindado una explicación pública detallada sobre las causas de la posible paralización.
Un servicio básico en juego
La electrificación no es una obra complementaria; es infraestructura estratégica. Sin energía eléctrica:
- Se limita el acceso a educación virtual y herramientas tecnológicas.
- Se restringen servicios de salud en postas y botiquines.
- Se afecta la seguridad ciudadana en zonas rurales.
- Se paraliza el desarrollo de pequeños emprendimientos.
- Para cientos de familias de Pizuquia, la llegada de energía significaba integración al circuito productivo y mejora directa en su calidad de vida.
Cuestionamientos y comparación con Ocumal
La preocupación aumenta porque, en paralelo, el GOREA ha iniciado un proyecto similar en el distrito de Ocumal, también en la provincia de Luya. Esta situación genera malestar en Pizuquia, donde la obra ya estaba en ejecución y ahora enfrenta incertidumbre.
La pregunta que surge en la población es técnica y política a la vez:
¿Existe disponibilidad presupuestal suficiente para ambos proyectos? ¿Se están priorizando correctamente los compromisos contractuales ya asumidos?
Riesgos institucionales
De concretarse el abandono, las consecuencias serían múltiples:
- Posible arbitraje o controversia contractual.
- Retraso indefinido en la culminación de la obra.
- Eventual pérdida o ineficiencia en el uso de recursos públicos.
- Deterioro de la confianza ciudadana.
En proyectos de infraestructura pública, la falta de previsión financiera o de gestión contractual suele derivar en sobrecostos, ampliaciones de plazo o paralizaciones prolongadas.
Análisis
Desde una perspectiva de gestión pública, el problema no solo es técnico sino institucional. Cuando una empresa advierte que podría abandonar una obra, generalmente existen:
- Deudas pendientes por valorizaciones.
- Controversias en el expediente técnico.
- Modificaciones presupuestales no resueltas.
- Problemas de flujo financiero.
En mi opinión, el Gobierno Regional debe emitir de inmediato un informe técnico y financiero transparente que detalle el estado de avance físico y presupuestal del proyecto de Pizuquia, las obligaciones contractuales y el cronograma actualizado.
La electrificación rural no puede quedar atrapada en disputas administrativas. En territorios como Amazonas, la energía eléctrica es un factor de equidad territorial y justicia social.
Fuente Reina de la Selva
