Tres trabajadores del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) han sido señalados por la Contraloría General como responsables del pago de 253 mil soles a una empresa por un perfil técnico inconcluso de un sistema de riego tecnificado en la provincia de Leoncio Prado.
Se trata de Elías Soto Campos (director de Estudios), Andrés Emmanuel García Zevallos (jefe de la Oficina de Administración) y Yovana Recavarren Silva (responsable de la Unidad de Contabilidad), según el Informe de Control Especifico n.° 009-2022-2-0749 de dicho organismo contralor.
Además de dichos empleados, la Contraloría también halló responsabilidad penal en Miguel Enrique Castro Villar, representante legal de la empresa FOM PER SAC favorecida con los 253 mil soles.
Refiere la Contraloría que la elaboración del perfil técnico tenía por finalidad viabilizar un sistema de riesgo tecnificado que fue solicitado en el 2018 por los agricultores de las localidades de Huayhuantillo y Alto Huayhuante, del distrito Daniel Alomia Robles.
Según el Informe de Control Especifico n.° 009-2022-2-0749 el perfil técnico debió entregarse al PEAH en tres partes pero el contratista solo entregó dos y con observaciones. Incluso, la versión final del estudio no fue presentada y a pesar de ello funcionarios de la entidad autorizaron el pago completo del contrato.
El perfil técnico completo debía contener aspectos generales, topografía, hidrología, geológico-geotécnico, agroeconómico, análisis de riesgos e impacto ambiental y el diseño estructural e hidráulico del sistema de riego, entre otros.
«Durante el servicio de control se evidenció que no existía documentación de conformidad de la prestación del servicio por parte de la Dirección de Estudios del PEAH (área usuaria), sin embargo, se autorizó el pago del 100 % del monto contratado, sin observarse el incumplimiento, lo que generó el perjuicio económico por S/ 253 894 70», detalla el informe.
Además, el postor que se adjudicó la buena pro para elaborar el expediente técnico no presentó el certificado de calibración de equipos topográficos y el detalle de precios unitarios tampoco tenían la firma de un representante legal. A pesar de haber incumplido los requisitos obligatorios señaladas por las bases integradas del procedimiento de selección, la entidad pública firmó contrato con la empresa.
Por estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en tres servidores públicos y recomendó al titular de la entidad realizar el deslinde de responsabilidades.
Asimismo, recomendó a la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares.
Fuente Página3
