Los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) pidieron al Ministerio Público apartar a la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe del proceso investigativo por el alquiler de 10 compactadoras a Veolia Perú SAC, debido a que su hermano trabajaría en dicha empresa, según constó en la declaración jurada que presentó la magistrada a la institución.
Según el documento del 25 de enero de 2021, Paolo Esteban Ninaquispe labora en Veolia, cuyo representante es uno de los imputados en la investigación preparatoria que está a cargo de Karim Ninaquispe. Este proceso inició por el delito de colusión que involucra al alcalde Marcos Gasco y a funcionarios ediles.
Fue el 4 de diciembre de 2020 cuando la fiscal informó a La República que intentó inhibirse de la investigación por tener un familiar que trabaja en Veolia; sin embargo, aseguró que el superior inmediato no aceptó.
“Decidí excusarme para desarrollar la investigación para evitar especulaciones porque tengo un familiar que trabaja en la empresa Veolia en la ciudad de Lima, empero la fiscal superior Giovanna del Rio determinó que no había impedimento”, enfatizó en esa oportunidad.
En ese contexto, el abogado Germán Vásquez precisó que las autoridades fiscales tienen que responder sobre este tema en aras de la justicia y la imparcialidad. “Este caso resulta grosero y una burla para la ciudad de Chiclayo. Creo que el Ministerio Público debe actuar de inmediato”, enfatizó.
Caso compactadoras
El regidor Jony Piana solicitó al Ministerio Público que actúe conforme a la ley y su reglamento y separe a la funcionaria de la investigación preparatoria. “La institución tiene las herramientas para aplicar en este tipo de casos. Es lamentable que esté en juego el prestigio de la entidad. Es por eso que la sociedad no confía en sus instituciones”, remarcó.
Por su parte, el concejal Orlando Puell manifestó que el Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, cuya titular es Ninaquispe, también asumió la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de 14 compactadoras que realizó el municipio de Chiclayo al Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú a fin de mejorar la limpieza pública.
“Hay desconfianza de que esta nueva investigación no se realice en el tiempo prudencial debido que la fiscal informó que la demora para presentar acusación o archivo en el caso Veolia es por la alta carga procesal”, enfatizó.
Seis meses sin acusación
La fiscal concluyó la investigación preparatoria en el caso Veolia en setiembre de 2021, pero a la fecha no hay un pronunciamiento final. Esta investigación se inició en 2019, luego de que el burgomaestre y sus regidores plantearan un supuesto desabastecimiento inminente en la gestión de los residuos sólidos, lo cual conllevó a que se firme el contrato n.º 001 con la empresa en mención por casi S/ 2 millones para el alquiler de 10 compactadoras.
Fuente La República
