Cuatro exfuncionarios tendrían responsabilidad penal en el perjuicio por un millón de soles ocasionado a la Municipalidad Distrital de Cauri, en la provincia de Lauricocha, al aprobar la liquidación de la obra de pistas y veredas de la localidad de Gashampampa a pesar de que no estaba inconclusa y presentaba deficiencias, y al no aplicar penalidades al Consorcio Vial Z&F, encargado de su ejecución.
Así lo señala el voluminoso Informe de Control Específico n.º 026-2024-2-3859-SCE de la Contraloría General de la República que concluye que la obra valorizada en 3.7 millones de soles «fue recepcionado sin ninguna observación a pesar que no estaba concluida al 100 %» en el año 2022.
Detalla que faltó ejecutar 78.7 metros lineales de cunetas, además, las pendientes de las cunetas no se ejecutaron conforme al expediente técnico, ocasionando que, en épocas de lluvia, las aguas pluviales ingresen a las viviendas de tres pobladores.
Así mismo, faltaron construir 454 metros cuadros de veredas, mientras que las veredas construidas no cumplían con el ancho establecido en los planos; además, donde tenía que haber veredas se construyeron rampas.
Dice el informe que de las 80 rampas de acceso a personas con discapacidad que debían construirse, no se hicieron 33 rampas y otras 27 no cumplen las especificaciones técnicas. Algunas de ellas presentan alturas de 15 centímetros y solo apenas rampas 20 están conforme con el expediente.
Agrega el informe que en varios jirones se hallaron fisuras en el pavimento y en algunas calles colocaron solo tres centímetros de junta asfáltica, cuando en los planos indicaba 20 centímetros. También, se evidenció restos de madera en vez de mezcla asfáltica, anota.
Sobre las áreas verdes que contemplaba el proyecto, la Contraloría dice que solo se ejecutó 1 415.7 metros cuadrados, cuando debió ser 1 654.6, además, en algunos puntos se hallaron veredas en vez de plantas y gras.
«A pesar de estas deficiencias y trabajos inconclusos, los funcionarios de la entidad pagaron las valorizaciones a favor del contratista, no aplicaron penalidades pese a que la obra culminó fuera del plazo contractual, recepcionaron la obra sin observaciones y aprobaron la liquidación. Este accionar favoreció económicamente al contratista, más aún, le permitió que la entidad devuelva la garantía de fiel cumplimiento», señala la Contraloría.
Se trata de Pilar Vela Aguirre, quien como monitor de obras de la Unidad de Supervisión de Obras de la Municipalidad de Cauri, y David Santillán Callupe, subgerente de Infraestructura, aprobaron la conformidad de pago y de cuatro valorizaciones a pesar que estas contenían partidas parcialmente ejecutadas, ejecutadas de forma distinta al plano y partidas no ejecutadas.
Además, Santillán y vela, como presidente y primer integrante del Comité de Recepción de Obra, junto a Macario Janampa Valle, subgerente de Desarrollo Económico y segundo accesitario del Comité de Obra, firmaron el acta de recepción de obra el 29 de diciembre del 2022, a dos días de culminar la gestión.
En el acta consignaron «que se cumplió con la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico al 100 % de ejecución de partidas contractuales». Sin embargo, la Contraloría constató que el 11 de enero del 2023 el Consorcio «seguía ejecutando partidas».
Y ya en la nueva gestión el subgerente de Infraestructura, Jaime Moreno, no realizó las observaciones con monto detallado al evaluar la propuesta de liquidación técnica y financiera de la obra, lo que favoreció al consorcio para no aplicarse las penalidades.
El informe de la Contraloría recomienda a la Procuraduría Especializada en Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones legales en contra de esos cuatro funcionarios.
Además, identifica a los terceros participantes en las presuntas irregularidades: Luis Erin Bravo Achic (representante legal del Consorcio Vial Z&F), Javier William Salazar Borja (residente de obra), Luis Alberto Palomino Altuna (representante legal del Consorcio Supervisor Vías Urbanas) y Juan Anastacio Morales Candelario (supervisor de obra).
ANTECEDENTES
En el 2022 y 2023, la Contraloría emitió el informe 002-2022-OCI/1844-SOO, alertando que el residente de obra venía laborando de manera simultánea en otro proyecto, y en el informe 001-2023-OCI/1844-SOO se advirtió que el contratista venía ejecutando trabajos cuando el plazo contractual ya había culminado.
Los trabajos deficientes e inconclusos, la inaplicación de penalidad por culminar fuera de plazo y la no observación de la entidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto generaron un perjuicio económico a la entidad por S/ 1 061 472 en total, precisó el organismo de control en una comunicación oficial.
El proyecto de mejoramiento de los servicios de transitabilidad en Gashampampa, que inició en febrero del 2022 y culminó en diciembre con un retraso de 11 días, costó S/ 3 754 233, según Contraloría.
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