La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación que realizó la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con un proveedor, por S/ 36 938 150, para el servicio de alimentación de los internos e internas y sus menores hijos, así como del personal que labora en los establecimientos penitenciarios de las regiones de Piura y La Libertad.
De acuerdo al Informe de Auditoría n.° 201-2022, el cual se realizó en el marco del operativo anticorrupción entre el 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2020, la entidad otorgó la buena pro y suscribió contratos al margen de la norma, con un único proveedor que no acreditó las exigencias previstas en las bases del concurso público n. ° 01-2019 y de las contrataciones directas n.° 01 y n.° 02-2020. La Contraloría agregó que esta situación limitó la participación de posibles postores.
De acuerdo al concurso n.° 01-2019, se otorgó la buena pro y se suscribieron dos contratos por S/ 22 492 687, sin que el personal del Área de Logística desarrolle la indagación de mercado y solo considere como valor estimado el monto de la cotización presentada por el único postor que, además, ya venía prestando dichos servicios en la entidad con contrato vigente.
Hechos identificados
El postor presentó la llamada: Promesa de Consorcio para Piura y La Libertad, pero no ejecutó las exigencias previstas en las bases integradas. Incluso en Piura no acreditó los requisitos correspondientes a la formación académica del personal clave (cocinero o chef profesional o técnico en gastronomía). Es por eso que la Contraloría señaló que las ofertas no debieron ser admitidas y el procedimiento debió ser declarado desierto al no haber recibido oferta válida.
Tampoco remitió la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento de los contratos. Aunque, el Jefe de Logística dio conformidad a la documentación presentada y solicitó continuar con el trámite para la suscripción de los contratos.
Cabe señalar que en el concurso público se generó retrasos e incumplimientos normativos, que conllevó a que el Inpe, ante el desabastecimiento de alimentos realice prestaciones adicionales, contrataciones complementarias y adjudicaciones menores por ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y contrataciones directas, con el mismo proveedor; pero esta vez por S/ 14 445 463.
Responsabilidad penal
En este contexto, el ente de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 funcionarios y exfuncionarios, así como en servidores y exservidores.
Fuente La República
