El expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de Áncash para la compra de patrulleros por 21 millones de soles para el ámbito de la Macrorregión Policial Áncash presenta deficiencias, lo que podría afectar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos.
Así lo hizo saber la Contraloría General de la República a través del informe de control concurrente n.° 044-2024-OCI/5332-SCC remitido el 9 de abril, hace una semana, al gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, para que adopte oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Según el expediente técnico, la inversión pública que se ejecutará a través de la Identificación de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), comprende la compra de 102 camionetas doble cabina con equipamiento para el patrullaje policial con la finalidad de transferirlas de manera gratuita a la Macrorregión Policial Áncash para optimizar el servicio a la ciudadanía.
No obstante, la Contraloría advirtió cuatro situaciones adversas, la primera, que el GRA aprobó el expediente técnico pese a que existen unidades vehiculares cuya titularidad de propiedad pertenece a otras entidades diferente al Ministerio del Interior y a Policía Nacional del Perú, situación que podría afectar el cumplimiento del objetivo de la inversión.
“De los 102 vehículos ubicados en las 52 comisarías de la XII Macrorregión Policial Áncash, que serán objeto de reposición mediante la IOARR registrada en el Sistema de Inversiones, se tiene que 39 unidades vehiculares están registradas como propiedad de otras entidades como el Gobierno Regional de Áncash y Municipalidad Provincial del Santa, y no a nombre de la Policía Nacional del Perú, institución que será beneficiada”, precisó el informe.
La segunda situación adversa precisa que el GRA aprobó el expediente técnico detallando marcas y modelos de vehículos en el requerimiento (Nissan Frontier XE 4X4 MT y Toyota Hi Lux 4X4 D/C 1GDSR), inobservando el principio de libertad de concurrencia, lo que podría generar el riesgo de limitar la pluralidad de postores en el proceso de selección y de cumplir el objetivo de la inversión.
Una tercera situación desfavorable es que el expediente técnico no detalla el análisis de costos unitarios de equipamiento del vehículo de patrullaje policial, y tampoco se acredita en las cotizaciones, posibilitando que se programen y ejecuten recursos públicos sin sustento.
La cuarta situación adversa precisa que funcionarios del GRA aprobaron el expediente técnico modificando el requerimiento formulado por la Policía Nacional de Perú, lo que podría afectar el cumplimiento de las metas establecidas en la inversión.
“La entidad estaría formulando un expediente técnico inobservando los requerimientos del área usuaria, quien es la responsable de formular las especificaciones técnicas, de forma objetiva y precisa, incumpliendo así el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y los numerales 16.1 y 16.2 del artículo 16 del reglamento de dicha ley”, detalla el informe.
El expediente técnico en cuestión fue elaborado por el propio Gobierno Regional de Áncash, luego de un largo proceso que empezó en 2021 cuando el entonces gobernador regional provisional, Henry Borja Cruzado, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior para la compra de camionetas Pickup 4×4 doble cabina, que luego fue cambiado mediante una adenda. Finalmente, ya en la gestión del actual gobernador Koki Noriega, el expediente fue aprobado el 28 de febrero de 2024 mediante la Resolución Gerencial Regional n.° 0034-2024-GRA/GRI. (W.C. – RSD Noticias).
Fuente RSD Noticias
