La Municipalidad Distrital de Paucarpata, en Arequipa, enfrenta un nuevo cuestionamiento a su gestión administrativa. Un informe de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que mantienen en vilo a dos empresas proveedoras, cuyas valorizaciones permanecen impagas desde el año 2024. El problema no radica únicamente en la deuda, sino en la raíz del entrampamiento: el extravío de los expedientes administrativos que sustentan dichos servicios.
El documento, identificado como Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2026-OCI/1305-AOP, revela que la entidad emitió el 5 de octubre de 2023 las órdenes de servicio N.° 0000713 y N.° 0000716. La primera fue suscrita con la empresa Gafer Asesoría y Gestión E.I.R.L. por un monto de S/ 25,759.22 para el perfilado de subrasante. La segunda se contrató con Neira Cim E.I.R.L. por S/ 34,746.80 para la conformación de base granular a todo costo. Ambos servicios formaban parte del mantenimiento rutinario de la infraestructura vial del distrito.
Conformidad otorgada, pero pago inexistente
A pesar de que las valorizaciones N.° 3, 4 y 5, correspondientes a diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, obtuvieron la conformidad del área usuaria, el desembolso nunca se concretó. En el caso de Gafer Asesoría y Gestión E.I.R.L., la deuda asciende a S/ 15,455.51, mientras que la obligación pendiente con Neira Cim E.I.R.L. alcanza los S/ 20,846.07. En total, la comuna mantiene un saldo impago de S/ 36,301.58, una cifra que contradice la propia normativa interna de la municipalidad.
La Directiva de Contrataciones de Bienes y Servicios por montos iguales o inferiores a 8 UIT de la Municipalidad Distrital de Paucarpata es clara al establecer que la entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas dentro de los diez días calendario siguientes a la conformidad. Sin embargo, según el informe, esta disposición fue inobservada, dejando a los proveedores en un limbo administrativo que ya suma casi dos años.
El extravío que lo complica todo
El origen del problema fue confirmado por la propia Gerencia de Infraestructura Pública. Mediante el informe N.° 1696-2026-GIP-MDP, dicha área comunicó a la Gerencia Municipal que, tras realizar las acciones de búsqueda correspondientes, no ubicó en su acervo documentario los expedientes físicos que sustentan ambas órdenes de servicio. Los proveedores, por su parte, corroboraron esta situación y señalaron que, al hacer seguimiento, las áreas de logística y obras públicas se atribuyen la responsabilidad mutuamente, sin dar solución al reclamo.
Frente a este escenario, la Contraloría advierte que los responsables omitieron su obligación legal de reconstruir de oficio el expediente, tal como lo exige el artículo 153, numeral 153.4, del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444. Esta norma establece que, ante el extravío de un expediente, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstruirlo independientemente de la solicitud del interesado.
El informe también señala que la entidad no adoptó las acciones orientadas al pago de las prestaciones ejecutadas, inobservando que el pago de contraprestaciones constituye una obligación esencial. Esta omisión expone a la comuna a un riesgo latente: afrontar reclamos o controversias por un potencial enriquecimiento sin causa, dado que los servicios fueron prestados de buena fe en su favor.
Fuente El Búho
