El segundo hackeo en menos de un mes a la red policial no solo confirmaría la vulnerabilidad del sistema de ciberseguridad, con una arquitectura probadamente deficiente, sino que también revelaría el direccionamiento del Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1 hacia un solo postor.
Las bases técnicas, el calendario y hasta los “competidores” fueron acomodados para que Bitel conserve el monopolio de la red policial a un precio inflado.
En el año 2020, Telefónica del Perú (TDP) cobraba S/ 4.8 millones al mes por conectar mil locales policiales. En 2024, vía contratación directa, la PNP entregó a Bitel el mismo servicio por S/ 10.6 millones al mes. Un sobreprecio del 119% injustificado.
Este contrato fue un traje a la medida. Sin licitación, sin competencia real y con la anuencia de autoridades que prefirieron mirar a otro lado pese a que, en su momento, el OSCE (hoy OECE) advirtió irregularidades. Bitel no solo cobró el doble, sino que entregó menos.
La contratación directa 2024 fue un ensayo general del modelo que Bitel vendría repitiendo en varias instituciones del Estado (como Minedu en mayo, con una extraña contratación directa de S/150 millones): Bloquear competidores, direccionar bases, simular pluralidad y cobrar al Estado más por menos.
Bitel modo reelección
En 2023, la Policía Nacional del Perú preparó el reemplazo de su servicio de telecomunicaciones. El contrato con Telefónica del Perú (TDP) vencía en noviembre de 2024 y esta se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado.
El estudio de mercado que debió definir valor estimado y viabilidad del concurso se prolongó casi 12 meses, algo atípico en este tipo de contrataciones.
Solo tres operadores tenían capacidad real para brindar este servicio: TDP (inhabilitado), Claro (con capacidad, pero marginado al no atender sus consultas) y Bitel (Viettel Perú).
Con TDP fuera y Claro bloqueada en la práctica, Bitel quedó como único proveedor. El resultado: una contratación directa que instaló un modelo técnico cerrado, con marcas predefinidas (Palo Alto, F5, Arbor, Imperva) y sin competencia real. Este sería el modelo que, un año después, se replicaría casi intacto en un nuevo proceso.
El 15 de abril de 2025, la PNP convoca el Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP para contratar un servicio estratégico: la red privada de datos, seguridad gestionada y acceso a internet de toda la infraestructura policial a nivel nacional. Lo hizo seis días antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contrataciones y su reglamento actualizado (21 de abril).
La fecha no fue casual. El nuevo marco legal (Ley 32069) y su reglamento exigían que las entidades sostuvieran reuniones formales y documentadas con todos los posibles proveedores durante la etapa de estudio de mercado, así como atender y responder sus consultas. Esta obligación habría significado responder las más de 300 observaciones técnicas y comerciales que Claro presentó y nunca fueron atendidas.
Global Fiber: pluralidad simulada
Los Términos de Referencia no solo definían funciones y características. Delimitaban prácticamente el catálogo de los fabricantes que podían cumplirlas, los mismos de la contratación directa.
El expediente se cerró con dos cotizaciones: Bitel y Global Fiber SAC. Esta última no tenía cobertura nacional ni infraestructura backbone, pero fue aceptada. Su inclusión fue clave para cumplir formalmente con la “pluralidad” de postores. En la práctica, la competencia fue una ilusión. El único proveedor capaz de ejecutar el contrato era Bitel. El mismo patrón de 2024; fabricar un “segundo postor” que legitimaba lo ya decidido.
Fuentes internas de la DIRTIC señalan que su comité técnico actúa bajo presión para favorecer a este proveedor. Cada intento interno por cuestionar el proceso habría sido respondido con amenazas. En este entorno aparecerían las figuras del “Rotario”, integrante de la DIRTIC, quien se encuentra dirigiendo el nuevo CP y supervisando la operación de la Directa, así como la figura de Jorge Garboza, señalado como operador con vínculos políticos y ONG (Manos que ayudan de corazón) conectadas al proveedor.
Su cercanía con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, fue denunciada por Cuarto Poder hacer algunas semanas. Su rol sería asegurar que “Bitel mantenga su posición privilegiada en la institución”.
Preguntamos a un reconocido especialista en contrataciones públicas si es viable o suficiente concluir un estudio de mercado con solo dos empresas y que una de ellas no cumpla con los términos de referencia.
Al respecto, Renzo Zárate comentó que en cualquier procedimiento de contratación pública de tipo competitivo debe prevalecer y respetarse, de manera irrestricta, el principio de competencia, libertad de concurrencia, eficacia y eficiencia y el de valor por dinero.
Zárate agregó que un estudio de mercado debe contener pluralidad de marcas o postores, así como cotizaciones obtenidas de empresas vinculadas al rubro o giro del negocio, debiendo velarse porque las mismas se ajusten al requerimiento del área usuaria.
El pez por la boca muere
Resulta extraño que en abril de 2025, la DIRECFIN y la DIRLOG y la DIRTIC-PNP hayan sido “muy proactivos” con la validación de una cotización de la empresa Global Fiber y, extrañamente, no hayan tenido la misma gestión con las consultas de Claro, la otra empresa en el mercado que cuenta con capacidad instalada y operativa para atender un “activo crítico nacional”, uno sin el cual –de acuerdo a las palabras de la propia DIRTIC– todo el sistema de comunicaciones de la PNP a nivel nacional colapsaría.
¿La cotización de una empresa sin una infraestructura estratégica redundante en Lima Metropolitana, Norte, Centro y Sur del país puede ser tomada en consideración para la determinación de un valor estimado para la prestación de un servicio de un “Activo crítico nacional” para la Entidad?
Si consideramos el sobrecosto de la contratación directa y proyectamos el costo mensual al contrato de 36 meses del 2025, el monto alcanza S/ 383 millones, más del doble de lo que pagaba la PNP con TDP el 2020. Cada mes bajo Bitel significan S/ 5.7 millones más que con Telefónica. En tres años, el diferencial supera los S/ 208 millones.
Fuente Diario Expreso
