Katherine Ampuero denunció ante la Fiscalía de la Nación a exfuncionarios de la DIRIS Lima Sur y representantes del consorcio Construyendo Salud. Sostiene que los nueve equipos fueron alquilados por 24 meses por S/5’994,000, pese a que, según su denuncia, podrían haberse adquirido por aproximadamente S/2,5 millones.
Una denuncia que pone bajo la lupa el uso de recursos públicos fue presentada ante la Fiscalía de la Nación por la senadora amazonense Katherine Ampuero, quien acusa a exfuncionarios de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur y representantes de una empresa privada por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
El caso está relacionado con el alquiler de nueve ecógrafos durante un periodo de 24 meses, operación que, según la denuncia, representó para el Estado un desembolso de S/5’994,000.
Ampuero sostiene que, de acuerdo con los precios de referencia que presenta en su denuncia, los mismos equipos podrían haberse adquirido por aproximadamente S/2,5 millones, lo que —de comprobarse las presuntas irregularidades denunciadas— habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.
CASI S/6 MILLONES POR ALQUILER DE NUEVE EQUIPOS
Según la denuncia, los nueve ecógrafos fueron destinados a establecimientos de salud ubicados en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Pachacámac.
La parlamentaria cuestiona que se haya optado por el alquiler durante dos años en lugar de adquirir los equipos y sostiene que la operación habría generado una diferencia económica significativa.
Ampuero considera que esta decisión debe ser investigada por las autoridades competentes para determinar si existieron actos irregulares en el proceso de contratación.
¿QUIÉNES FUERON DENUNCIADOS?
La denuncia alcanza a diversos funcionarios y representantes vinculados al proceso de contratación.
Entre ellos figuran Sheyla Chumbile Andia, exdirectora de la DIRIS Lima Sur; Carlos Chavarría Mendoza, director ejecutivo; Hernán Razo Quispe, presidente del Comité de Selección; Alexander Villarrubia Zapata y Lizeth Castilla Pérez, integrantes titulares del comité; Nathalie Ponce Ymbertis, representante común del consorcio Construyendo Salud y Bienestar S.A.C.; y Guillermo Morales de la Cruz, director general de la DIRIS Lima Sur.
La acusación deberá ser evaluada por el Ministerio Público, que determinará si existen elementos suficientes para iniciar o continuar las investigaciones correspondientes.
AMPUERO CUESTIONA ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Otro aspecto señalado por la senadora son los antecedentes empresariales de Construyendo Salud y Bienestar S.A.C.
Según la información incorporada en su denuncia, la empresa se habría registrado inicialmente ante la SUNAT en mayo de 2024 bajo la denominación Helembert Construction Company S.A.C., declarando actividades relacionadas con la construcción.
Posteriormente, en julio de 2025, habría cambiado su denominación social y registrado como actividad principal las “actividades de hospitales”, mientras que la construcción de edificios pasó a figurar como segunda actividad.
Ampuero cuestiona que, después de estos cambios, la empresa comenzara a obtener diversas órdenes de servicio de la DIRIS Lima Sur relacionadas con alquiler de equipamiento y servicios médicos.
ÓRDENES DE SERVICIO BAJO LA LUPA
La denuncia señala que la empresa habría recibido diversas órdenes de servicio durante un periodo relativamente corto.
Entre las operaciones mencionadas figuran una orden por S/40 mil en julio de 2025, otra por S/31.700 en octubre, una tercera por S/499.500 el mismo mes y otra por S/1’498.500 en marzo de 2026.
Para Ampuero, la evolución de estos contratos y el hecho de que la empresa hubiera iniciado actividades en el sector sanitario poco antes de obtener estas órdenes ameritan una investigación exhaustiva.
No obstante, estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por la parlamentaria y deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de la investigación.
COMPARACIÓN CON OTROS PRECIOS DE ADQUISICIÓN
Uno de los principales argumentos de la senadora es la comparación con adquisiciones realizadas por otras entidades públicas.
Según la denuncia, el 21 de febrero de 2025, la DIRIS Lima Centro adquirió tres ecógrafos Doppler color 4D por aproximadamente S/835.235, equivalente a unos S/278.411 por equipo, incluido el IGV.
Ampuero utiliza esta operación como referencia para cuestionar el monto destinado al alquiler en Lima Sur.
De acuerdo con su cálculo, con los casi S/6 millones destinados al alquiler de los nueve equipos se habría podido adquirir una cantidad considerablemente mayor de ecógrafos, los cuales además habrían pasado a formar parte del patrimonio del Estado.
La parlamentaria también cita como referencia una adquisición realizada por la Municipalidad Provincial de Concepción, en Junín, donde se habrían adquirido ecógrafos con inteligencia artificial incorporada por aproximadamente S/208 mil cada uno.
UNA DENUNCIA QUE AHORA DEBERÁ SER INVESTIGADA
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos que acrediten las presuntas irregularidades denunciadas por la senadora.
Más allá de las cifras y de las acusaciones, el punto central de la denuncia es determinar si fue económicamente conveniente para el Estado alquilar nueve ecógrafos por casi S/6 millones durante 24 meses o si, como sostiene Ampuero, resultaba más eficiente adquirir los equipos.
La investigación deberá establecer también si el proceso de contratación se desarrolló respetando los principios de transparencia, competencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Para Amazonas, la denuncia adquiere además una particular relevancia por tratarse de una parlamentaria amazonense, quien desde el Congreso ha puesto bajo cuestionamiento una contratación millonaria en el sector salud.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y, si se comprueba que hubo perjuicio al Estado o favorecimiento indebido, deben establecerse las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.
Fuente: Diario Expreso
Fuente Reina de la Selva
