El caso Club de la Construcción involucra a funcionarios del gobierno, como el expresidente Ollanta Humala, y empresarios acusados de manipular licitaciones públicas en su beneficio. El fiscal Germán Juárez Atoche presento al Poder Judicial la lista completa de las personas que supuestamente cometieron delitos Entre los 29 acusados se encuentran Ricardo Vitaliano Manrique Daemisch de la empresa Superconcreto del Perú S.A, sobre el que recaen 18 años de pena privativa de la libertad; Pompeyo Máximo Mejía Salas, acusado de haber transferido dinero ilegal a la empresa Lual Contratistas S.A.C. se solicitan 24 años de pena efectiva; Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, acusado de haber recibido un donativo por parte de representantes de empresas miembro del Club de la Construcción cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, señalado por el delito de corrupción, podría ser sentenciado con 13 años de pena privativa de libertad y 1 año de inhabilitación.
José Guillermo Paredes Rodríguez, acusado de asociación ilícita, en su contra se piden 8 años de pena privativa y 6 meses de inhabilitación; Juan Carlos Paucar Guerra, acusado de haber recibido sobornos por personas del Club de la Construcción cuando era integrante de los Comités Especiales de licitaciones públicas, tiene un pedido de 19 años de pena privativa de libertad y 6 años de inhabitación. Luis Humberto Prevoo Neira, acusado de ser autor de lavado de activos y haber usado al estructura de Lual Contratistas Generales S.A.C.y PyP Proyectos y Contratistas Generales S.A.C. para que empresarios del Club de la Construcción trasfirieran dinero ilegal producto de corrupción, sobre él recae un pedido de 10 años de pena privativa de la libertad.
Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, acusado de lavado de activos, tiene un pedido de 22 años de pena privativa de libertad y 5 años y 6 meses de inhabilitación; Oscar Javier Rosas Villanueva, superintendente de obras de la empresa constructora Queiroz Galvao S.A., se le acusa de colusión y lavado de activos en calidad de co autor cuando integró la organización criminal Club de la Construcción, 24 años de pena es lo que pide la Fiscalía en su contra. Selvi Renato Ruberto Vargas, acusado de concertar para defraudar al Estado, la Fiscalía pide 19 años de pena privativa.
Jaime Eduardo Sánchez Bernal, actuó en representación de la empresa Construcción y Administración S.A., acusado de asociación ilícita cuando integró el Club de la Construcción conformada por empresarios y funcionarios públicos del MTC y Provías, tiene un pedido de 8 años de pena privativa y 6 meses meses de inhabilitación en su contra. Mario Andrés Santana Valderrama, de la empresa Conalvias S.A. (sucursal del Perú), acusado de defraudar al Estado, haber destinado donativos a altos funcionarios en el marco de una licitación pública y haber transferido dinero ilegal a la empresa Lual Contratistas S.A.C., la Fiscalía pide 28 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación en su contra.
Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra, acusado de haber transferido dinero a la empresa Lual Contratistas S.A.C, se pide 18 años de pena privativa y 6 meses de inhabilitación en su contra, Félix Ernulfo Málaga Torres de la empresa Constructora Málaga Hermanos S.A., acusado de colusión. José Augusto Heighes Sousa es otro de los implicados en el caso y pertenece a la empresa Johe S.A., acusado de haber usado la estructura de la empresa para canalizar dinero que provenía de la corrupción. Augusto Guimaraes apoderado de la empresa Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú, acusado de tener contratos ficticios para hacer pasar dinero ilegal como legal.
Víctor Ricardo de la Flor Chávez y Edgard Ricardo Bernardo Unzueta Zegarra, apoderados de la empresa Andrade Gutiérrez Engenharia S.A (Sucursal del Perú), según la Fiscalía instrumentalizaron a personas jurídicas para obtener la buena pro en procesos de Pro Vías en el período de 2011 – 2014. En cuanto a la empresa Constructores y Mineros Generales S.A.C.(CYM), el presidente del directorio y gerente general, Javier Lei Siucho, habría usado la estructura empresarial para canalizar dinero proveniente de la corrupción.
En cuanto a la empresa Mota Engil – Perú, Heberto Cárdenas Soplín, habría formado consorcio con otras empresas para postular a la buena pro de Provías Nacional y dar la apariencia de competitividad en el período 2011-2014. En ese mismo contexto, la responsabilidad de la empresa JJC Contratistas Generales S.A.C., Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, apoderado y Rómulo Bonilla Osorio, apoderado clase B, también formaron alianzas con otras empresas para postular a las licitaciones con una apariencia de que existe competencia. Jean Esteban Robert Ullán, acusado de asociación ilícita y está vinculado a la empresa Obrascon Huarte Lain S.A.
En cuanto a la responsabilidad penal de la empresa Obrascon Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú, Sebastián Abdón Camones Deza, representante de la sociedad y Jorge Alfredo Aubinel Herrera, apoderado, usaron la estructura organizacional para contratos ficticios haciendo pasar dinero ilegal como legal que estaba destinado al pago ilícito de funcionarios. Por la empresa Came Contratistas y Servicios Generales S.A., Pompeyo Máximo Mejía Salas, gerente general, también habría instrumentalizado su empresa según la Fiscalía para actos ilícitos. Ollanta Moisés Humala Tasso, expresidente de la República, es acusado de cohecho pasivo y asociación ilícita.
Fuente La República
