Si algo tienen en común los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, como todos los episodios de gran corrupción, es que, a pesar de que mucha gente sabía de las correrías corruptas de sus principales protagonistas, estas eran socialmente aceptadas. Pese a que sus historias eran materia de comentarios ácidos a baja voz en cocteles y reuniones sociales, nadie dudaba de invitarlos a sus eventos, abrirles las puertas de sus casas y compartir con ellos. Peor aun, en muchos casos, como en el de Jorge Barata, frecuentaban embajadas y páginas sociales exhibidos como modelos de éxito o, como en el caso de César Hinostroza, eran premiados con viajes y cargos de representación institucional, mostrándoles a sus colegas y subalternos el modelo a seguir.
Hemos visto también a abogados y a fiscales funcionales a la corrupción –y conocidos como tales– ser ponderados, aplaudidos y exaltados por sus habilidades litigiosas y sus cualidades académicas exhibidas en libros, conferencias y páginas webs, obviando totalmente el conocido lado oscuro de su profesión, cediéndoles micros y cámaras para dar cátedra, y, de vez en cuando, incluso haciendo referencias a la ética y a la defensa de las garantías ciudadanas.
No estamos hablando aquí de la impunidad legal, traducida en la falta de juicios y condenas a los corruptos, sino de algo menos formal que tiene que ver con nuestra tolerancia y flexibilidad con quienes sabemos que están actuando mal; sacando ventaja personal a cambio de un grave daño social.
En la narrativa peruana, algunos han calificado esta actitud como una típica “estampa limeña”, que mezcla la chismosería a espaldas del aludido, con la sonrisa y halagos hipócritas una vez que se le tiene al frente. Me temo que este rasgo excede a lo limeño y se extiende a un ámbito cultural mayor.
Algo que podemos aprender de otras realidades que han sido exitosas en el control de la corrupción es que esta tiene menos posibilidades de propagarse e impregnarse en el tejido social cuando sus autores, corruptos conocidos, son identificados, señalados y aislados.
Las experiencias comparadas demuestran que si a algo temen los corruptos, no es tanto a la prisión –de la que creen que siempre saldrán bien librados porque no van a ser descubiertos o porque cuentan con los recursos necesarios para evitarla–, sino a la sanción social, a la pérdida de su reputación, al señalamiento y a la ventilación de sus ilegales andanzas, y al rechazo de los círculos donde suelen moverse con soltura y envanecimiento, cuando no admiración.
Hay algunos ejemplos de sanción social notables. Uno de estos es el de un grupo de jóvenes de un país balcánico que, ante la pasividad de la comuna con su alcalde corrupto que había comprado a vista y paciencia de todos una mansión con el dinero robado y la había puesto a nombre de un testaferro, resolvieron iluminar todas las noches la fachada de la casa con la cara del funcionario hasta que lograron que fuera investigado y destituido. O el de un notable empresario guatemalteco, dueño de una cadena de restaurantes y de ropa fina en el país centroamericano, que harto de la corrupción decidió publicar un aviso anunciando que en sus locales no se iba a dar de comer ni de vestir a los corruptos. Entrenó a su personal y, efectivamente, logró su cometido. También el de los “escraches” en España, campaña que señaló a los responsables de los abusos financieros durante la crisis de los indignados.
En el Perú, campañas como Pon la Basura en la Basura o El Muro de la Vergüenza, desarrolladas durante el fujimorato por colectivos sociales a la par de Lava la Bandera, fueron una expresión de sanción social que contribuyó significativamente a la lucha contra la corrupción.
Hay quienes alertan sobre los excesos que estas campañas pueden generar, y que, ciertamente, deben evitarse. Pero cuando la justicia no es capaz de castigar a los corruptos, las acciones de ‘name and shame’ (nombra y avergüenza) se convierten en una herramienta útil contra los corruptos. Sin duda, juega un papel muy importante en este ámbito la prensa y, en particular, la prensa de investigación seria que ayuda a exhibir los casos de corrupción y pone al descubierto los rostros de sus autores.
Ahora que se acercan las elecciones regionales y municipales en un marco de corrupción generalizada en el país, debemos ejercer la mejor herramienta de sanción social que poseemos: no votar por los corruptos, tampoco por los que estén bajo seria sospecha de serlo o sean cómplices o complacientes con ella. Es tiempo de zanjar con la corrupción y rayar la cancha. El Perú se lo merece.
Fuente El Comercio
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