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¿Cómo funcionó el ‘club de la construcción’ y cuánto habría pagado en sobornos?

¿Cómo funcionó el ‘club de la construcción’ y cuánto habría pagado en sobornos?

La foto que abre esta nota data del 1 de junio del 2012, de siete años atrás. El entonces presidente Ollanta Humala junto a quien era el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, daba inicio a las obras de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Lima-Canta.

Hoy esa misma obra en Canta es una de las 52 licitaciones bajo sospecha de que, al parecer, el denominado ‘club de la construcción’ operó en su real dimensión y obtuvo un 3% en sobornos de los costos totales, según el equipo especial de la fiscalía que investiga lo que ocurrió entre octubre del 2011 y junio del 2014.

La carretera estuvo a cargo del consorcio Vial Santa Rosa, al que perteneció la constructora brasileña OAS. El monto contratado ascendió a S/319,248,819.71; ello pese a que el valor referencial era de S/293,326,002.48. Es decir, por encima en un 9.03%. Si se aplica la regla del 3% de pago de coimas, las matemáticas arrojan que serían millones también.

Pero, ¿qué fue el ‘club de la construcción’? ¿Cuál era su estructura y cómo operaban?

–La formación y sus acuerdos–

​El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.

No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, señaló al equipo especial que comenzó en 1996. Es decir: podría tener más de 20 años enquistado.

El ex ministro Paredes, al lado de Humala en la fotografía, sería uno de los miembros de este ‘club’. Figura a la cabeza, según el fiscal Germán Juárez Atoche, quien está a cargo de rastrear y destapar este mega caso de corrupción. Sin embargo, al haber sido ministro, es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014 y tiene cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que están reconociendo y confesando. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes, hermano del ex ministro Carlos Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.

–La estructura del ‘club’–

Para la fiscalía, el ‘club’ tenía tres componentes.

El primer componente estaría constituido por las empresas nacionales y extranjeras dedicas al rubro de la construcciones con sus distintos representantes.

Ellos determinaban qué empresa o empresas serían los otros postores, pero sin expectativa de ganar. Es decir, los acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a la que planteaba el eventual ganador.

Asimismo, acordaban dar visos de regularidad y normalidad al desarrollo de la convocatoria, y así también poder exigir turno para ser beneficiado con posteriores convocatorias.

Ayer se conoció que Juárez solicitó al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del ‘club’: José Paredes Rodríguez, José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).

El segundo componente estaría constituido por Rodolfo Prialé de la Peña, lobbista y representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por estas a Carlos García Alcázar, asesor del MTC nombrado por Paredes e intermediario del mismo. García Álcazar fue el “coordinador” dentro del ministerio.

Prialé de la Peña canalizaba los pagos efectuados por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso, quien le proporcionó equipos móviles que le sirvieron para hacer las coordinaciones, así como de Luis Humberto Prevoo Neira en su condición de gerente general de Lual Contratistas Generales SAC, empresa que fue usada para elaborar contratos ficticios celebrados con las constructoras.

Una vez que tenían dicho dinero obtenido de los pagos por las obras, seguidamente entregaba, un porcetaje del pago a García Alcázar, para que este a su vez se lo entregue a José Guillermo Paredes Rodríguez y aquel a Carlos Paredes Rodríguez. Aquí viene el tercer y más importante componente de la presunta red.

El tercer bloque estaría constituido por los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, García Alcázar, el ex ministro y su hermano José Guillermo Paredes Rodríguez o “Pepe”.

El ex titular del MTC, por intermedio de su hermano y de García Alcázar, habría concertado con las empresas para que solo las que pertenecían al ‘club’ obtengan la buena pro de las licitaciones y concursos públicos promovidos por Provías Nacional.

García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.

Aquí aparece Marco Antonio Garnica, gerente de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional quien, para la fiscalía, fungió de operador de las empresas constructoras, incluso mucho antes de que Paredes Rodríguez se convierta en ministro y de que se interese por conocer al ‘club’. Los miembros del comité de contratación completan esta parte de la estructura.

–El camino del soborno–

En el primer paso de la ruta del pago de coimas intervenían los miembros del comité de contratación de Provías Nacional, quienes se encargan de que las empresas que no son del ‘club’ no precalifiquen en el proceso de selección. Ellos se mostraban bastante exhaustivos en las calificaciones de los postores que no pertenecían a la presunta red. García Alcazar se encargaba de las coordinaciones.

Las constructoras miembros del ‘club’ presentaban sus propuestas económicas, las mismas que estaban coordinadas previamente para que sea mayor al 100% del valor referencial.

Lo que acordaban las empresas, como a quién le tocaba ganar una licitación o un contrato público determinados, se la transmitían a su operador Prialé de la Peña o directamene a García Alcázar, para que este, en su condición de operador del ex ministro, ejecute dicha decisión al interior de Provías Nacional.

Antes de ello, las empresas ya habían acordado con el hermano del ministro y con García Alcázar varios puntos: no cambiar el personal en Provías Nacional; no permitir que las licitaciones convocadas sean adjudicadas a empresas que no integraban el ‘club’: que solo sean para el ‘club’, según el turno.

También que todas las licitaciones deberán ser adjudicadas por encima del 100% del valor referencial; y que todos los pagos efectuados se tendrían que coordinar con Prialé de la Peña.

Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobaba la asignación de recursos. A partir de ahí, conociendo que el monto a pagar en sobornos era el 3%, las empresas del ‘club’ determinaban cómo lo harían.

Según la fiscalía, lo hicieron de manera directa a Prialé de la Peña o a través de vía transferencias interbancarias y/o contraprestaciones en el marco de contrataciones inexistentes celebradas por sus estructuras empresariales (de manera unilateral o consorciadas) con empresas vinculadas a su representante.

“Dieron sumas de dinero considerables a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, señala el fiscal Juárez Atoche, en su última resolución emitida para ampliar investigación y requerir la prisión preventiva de cuatro personas más, entre ellas el hermano del ex ministro.

–Cuánto fue y cómo fue repartido–

​La carretera de Canta fue una de las 52 obras que están bajo sospecha del fiscal, licitaciones que ganaron las 18 empresas comprometidas en esta investigación penal.

Los empresario, según el fiscal, determinaron el monto a pagar y que este se distribuía de esta forma: el 2.35% para Carlos Paredes vía José  Paredes y Carlos García Alcázar; el 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña; y el 0.5% para los miembros del comité de contratación.

Bajo dicha modalidad se habrían producido cerca de 20 entregas de dinero en un total aproximado de 17 millones de dólares. Esto solo en un periodo de tres años.

Fuente El Comercio

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