El congresista Fernando Rospigliosi denunció públicamente una presunta irregularidad en la adquisición de armamento para la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que se difundiera un contrato suscrito entre el Ministerio del Interior (Mininter) y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.) para la compra de 31,045 pistolas calibre 9×19 milímetros. El parlamentario sostuvo que la operación podría representar un perjuicio para el Estado y pidió que las autoridades correspondientes evalúen el caso.
A través de sus redes sociales, Rospigliosi escribió: “¡Robo descarado! El Ministerio del Interior ha adquirido pistolas Jericho, de ínfima calidad, a un precio exorbitante a la intermediaria FAME. Pagando el cien por ciento adelantado para una entrega en catorce meses. ¿Quedarán impunes esta vez? Es la tercera vez que lo hacen”. Las afirmaciones corresponden a una denuncia formulada por el presidente del Congreso y, hasta el momento, no cuentan con un pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior o de FAME S.A.C.
Los documentos difundidos corresponden al Contrato N.° 01-2026/MININTER, firmado bajo la modalidad de encargo entre el Ministerio del Interior y FAME S.A.C. En la primera cláusula del documento se detalla que el acuerdo tiene como finalidad la adquisición de 31,045 pistolas de puño calibre 9×19 milímetros destinadas a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el contrato precisa que cada arma incluiría tres cargadores con capacidad para 17 cartuchos, miras con tritio, tres respaldos para la empuñadura, kit de limpieza, manual en español, estuche de transporte y riel Picatinny, entre otros accesorios.
El contrato también establece que el valor total de la adquisición asciende a US$29’461,705 por las 31,045 pistolas. De acuerdo con la cláusula sexta, el Ministerio del Interior se comprometería a transferir a FAME S.A.C. el 100% del monto acordado como adelanto, dentro de los cinco días calendario posteriores a la recepción de la carta fianza correspondiente. El documento además señala que el desembolso se efectuaría mediante transferencia bancaria a una cuenta de la empresa estatal.
El cuestionamiento planteado gira principalmente en torno al mecanismo de pago y a las condiciones de la contratación. Según el parlamentario, el Estado estaría asumiendo un riesgo al desembolsar la totalidad del dinero antes de recibir el armamento y aceptar un plazo de entrega que, según indicó, alcanzaría los 14 meses. Ese extremo, sin embargo, deberá ser corroborado con el cronograma completo del contrato y sus anexos, los cuales no forman parte de las páginas difundidas públicamente.
Fuente Diario Expreso
