El Poder Judicial condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huallaga-Saposoa (San Martín) y a un empresario por el delito de negociación incompatible, en agravio del Estado. La sentencia condenatoria, obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí, también impuso diez años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y profesionales a los cuatro condenados por su participación en un proceso de contratación para supervisar una obra vial.
La decisión comprende a J. L., exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y expresidente del Comité de Selección; R. V., exjefe de Abastecimiento y Servicios Generales; y W. L., exresponsable del Instituto Vial Provincial. Los tres fueron condenados como autores, mientras que el empresario F. M., representante del Consorcio S. P., recibió la condena en calidad de cómplice.
Proceso de contratación
Los hechos investigados datan del 14 de agosto de 2017, cuando los exfuncionarios otorgaron la buena pro al Consorcio S. P. para la supervisión de la obra del camino Saposoa-Pasarraya, por S/989 200.81. Según la acusación fiscal, el consorcio no acreditaba los requisitos mínimos de experiencia y calificación establecidos en las bases del procedimiento de selección.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público sostuvo que F. M. presentó una propuesta técnica pese a conocer que no cumplía con las exigencias previstas en las bases. La experiencia financiera mínima requerida ascendía a S/1 506 397.17, pero al postor le faltaba más de medio millón de soles para alcanzar dicho monto.
Cálculo para acreditar experiencia financiera
Para superar esa diferencia, el empresario utilizó un cálculo basado en el índice de precios al consumidor (IPC), mecanismo que no estaba contemplado en las bases del proceso de contratación. De acuerdo con la Fiscalía, esta operación permitió incrementar las cifras declaradas por el consorcio y aparentar el cumplimiento de la experiencia financiera exigida.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres-Juanjuí sostuvo que los exfuncionarios intervinieron en el procedimiento pese a las condiciones que presentaba la propuesta del consorcio. La imputación fue sustentada durante el juicio con los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público que atribuyó a los servidores públicos la condición de autores y al empresario la de cómplice.
La investigación comenzó bajo la dirección de la entonces fiscal adjunta Angelita Vargas, mientras que la etapa final del juicio oral estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Joe Collave. El fiscal presentó los elementos de convicción que fueron actuados durante el juzgamiento y que sustentaron la acusación formulada contra los cuatro procesados.
La ejecución de la condena se encuentra suspendida de manera provisional debido a las apelaciones presentadas por las partes, por lo que el caso deberá ser revisado por una instancia superior. Mientras se resuelven estos recursos, la sentencia de cinco años de pena privativa de libertad efectiva y la inhabilitación impuesta permanecen sujetas al resultado del trámite de impugnación.
Fuente LP Derecho
