Una exgerenta municipal y exgerenta de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Bartolo fue condenada a ocho años de prisión por falsificar las firmas atribuidas a una supervisora que nunca se presentó físicamente en una obra y cobrar las órdenes de pago correspondientes. La Fiscalía acreditó que el proyecto quedó inconcluso y con fallas estructurales, pese a que fue pagado en su totalidad.
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Firmas de supervisora eran falsas y provenían de la gerenta
La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur obtuvo la condena contra K. Z. A. D. como autora de los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. La sentenciada había ejercido los cargos de gerenta municipal y gerenta de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Bartolo.
Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Alexander García Alvarado demostró que K. Z. A. D. contrató directamente como supervisora de la obra a G. P. H. Q. por S/10 000. Sin embargo, se acreditó que esta última nunca se presentó físicamente en el proyecto, mientras se elaboraban informes y documentos para justificar los desembolsos.
Una pericia grafotécnica determinó que las firmas atribuidas a la supervisora y las consignadas en la liquidación del contrato eran falsas y provenían de K. Z. A. D. La Fiscalía también probó que la entonces gerenta cobró las órdenes de pago vinculadas con la supervisión de la obra.
Obra quedó inconclusa y fue pagada en su totalidad
El caso también comprendió la adjudicación de la obra a P. M. A. Ll., representante de la empresa AZABAR E.I.R.L., quien había elaborado el propio expediente técnico presentado en el procedimiento. Según acreditó el Ministerio Público, el postor obtuvo la buena pro pese a no contar con experiencia para ejecutar el proyecto.
La obra fue adjudicada por S/249 636,13 y posteriormente quedó inconclusa y con fallas estructurales que generaron un perjuicio al Estado. Pese a estas condiciones, el proyecto fue pagado en su totalidad, según los hechos acreditados por la Fiscalía.
Los hechos relacionados con la adjudicación ocurrieron entre el 26 y el 30 de mayo de 2016, periodo en el que los integrantes de la Comisión de Selección concertaron con P. M. A. Ll. para otorgarle irregularmente la buena pro. El empresario fue condenado a cuatro años de prisión como cómplice del delito de colusión en agravio del Estado.
Otros funcionarios también fueron condenados
- P. H. Q., contratada como supervisora de la obra, recibió una condena de cuatro años de prisión por el delito de negociación incompatible. Por su parte, los integrantes de la Comisión de Selección L. A. L. A., J. Z. S. y L. A. T. P. fueron condenados a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.
Todos los condenados fueron inhabilitados por un periodo equivalente a las penas privativas de libertad impuestas. Además, se fijó el pago de S/100 000 de reparación civil por el primer hecho y S/30 000 por el segundo.
Fuente LP Derecho
