Un informe interno de la Procuraduría General del Estado (PGE), elaborado semanas antes del cese del entonces procurador público de la Contraloría General de la República, Amado Enco, detectó una serie de presuntas deficiencias en la ejecución de sentencias favorables al Estado y advirtió un riesgo para la recuperación de más de S/ 22 millones correspondientes a indemnizaciones reconocidas judicialmente.
El documento, fechado el 24 de junio de 2026 y dirigido a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, analizó la actuación de la Procuraduría Pública de la Contraloría en los procesos civiles derivados de informes de control emitidos durante los últimos 10 años.
Su conclusión principal apuntó a que esa procuraduría habría dejado de impulsar la ejecución de diversas sentencias una vez obtenida los fallos favorables, trasladando esa responsabilidad a las entidades agraviadas.
El informe cobró especial relevancia luego de que la Procuraduría General del Estado dispusiera el cese de Amado Enco por “pérdida de confianza”.
Sin embargo, el documento no establece que existe una relación entre ambos hechos, ni atribuye responsabilidades directas al exprocurador. Lo que sí evidencia es que la PGE ya evaluaba el funcionamiento de la Procuraduría de la Contraloría antes de adoptar esa decisión administrativa.
Revisión comenzó tras pedidos de tres congresistas
La evaluación no surgió de oficio. El documento revela que la Procuraduría General del Estado inició el análisis luego de recibir diversos requerimientos de información formulados por los congresistas Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Raúl Doroteo, quienes solicitaron conocer cómo actuó la Procuraduría Pública de la Contraloría en la ejecución de sentencias derivadas de procesos civiles promovidos a partir de informes de control.
A partir de esos pedidos, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal de la PGE solicitó información tanto a la Procuraduría de la Contraloría como a la propia Contraloría General de la República.
Entre otros aspectos, pidió la relación de todos los procesos civiles iniciados durante los últimos 10 años, el estado procesal de cada expediente, las sentencias favorables obtenidas y los criterios internos utilizados para ejecutar esos fallos judiciales.
La Contraloría remitió la relación de informes de control que determinaron presunta responsabilidad civil, mientras que la Procuraduría de la Contraloría, entonces encabezada por Amado Enco, respondió inicialmente mediante un oficio del 5 de mayo de 2026, solicitó luego una ampliación de plazo para completar la información y posteriormente entregó documentación complementaria requerida por la PGE.
Los números que encontró la Procuraduría General
Del procesamiento de la información, la PGE inició que durante el período comprendido entre 2016 y 2025 la Contraloría trasladó 2.723 informes de control para el inicio de acciones civiles.
De ese universo, la Procuraduría de la Contraloría señaló que presentó 2,565 demandas civiles ante el Poder Judicial.
Asimismo, reportó la obtención de 194 sentencias favorables, cifra que representa aproximadamente el 7,56% del total de demandas interpuestas, según el propio cálculo incluido en el informe.
Sin embargo, el análisis no se concentró en el porcentaje de procesos ganados, sino en lo ocurrido después de obtener esas resoluciones judiciales favorables.
La observación principal: el cobro quedó en manos de otras entidades
La Dirección de Aplicación Jurídico Procesal revisó una muestra de los expedientes con mayores montos indemnizatorios y detectó una práctica que demostró ser incompatible con el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
Según el informe, una vez que los jueces emitían sentencias favorables al Estado, la Procuraduría Pública de la Contraloría remitía los accionados a las entidades agraviadas para que estas continuaran el proceso de ejecución y cobro de las indemnizaciones.
Para la PGE, esa actuación no se ajustaba al marco legal.
El informe sostiene que la Procuraduría de la Contraloría mantenía la condición de parte procesal, por lo que debía continuar impulsando las actuaciones destinadas a lograr el pago efectivo de las indemnizaciones reconocidas judicialmente.
La Dirección Técnica Normativa reforzó esa interpretación mediante un informe jurídico certificado durante la evaluación, en el que conclusiones que el procedimiento interno aplicado por la Procuraduría de la Contraloría resultaba incompatible con el Decreto Legislativo N.º 1326, norma que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
En concreto, cuestionó una disposición del procedimiento denominado “Gestión de los procesos civiles resultantes de los servicios de control” , porque trasladaba a las entidades agraviadas la responsabilidad de ejecutar las sentencias favorables, función que —según la PGE— corresponde al procurador público que representa al Estado en el proceso.
Expedientes archivados, observaciones judiciales y falta de impulso
Como parte de la revisión, la Procuraduría General examinó 10 procesos considerados representativos por el monto de las indemnizaciones.
El informe menciona casos correspondientes a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Municipalidad Distrital de Cañaris, Municipalidad Distrital de Ilabaya, Municipalidad Distrital de Zaña, Municipalidad Provincial de Pisco, Universidad Nacional de Trujillo y Gobierno Regional de Loreto, entre otras entidades.
En varios de esos expedientes se encontraron situaciones similares.
En algunos casos, los jueces ordenaron el pago de las indemnizaciones, pero posteriormente no se registraron actuaciones orientadas a ejecutar esas decisiones.
En otros procesos, los órganos jurisdiccionales rechazaron el personamiento de procuradores de las entidades agraviadas al considerar que no eran parte procesal, mientras que algunos expedientes terminaron archivados por falta de impulso procesal.
Uno de los casos destacados corresponde a la Municipalidad Provincial de Pisco. Allí, el informe señala que la Procuraduría de la Contraloría remitió en 2023 los accionados para la ejecución de la sentencia, pero no verificó el cargo de recepción ni formalizó procesalmente el apartamiento del proceso.
A raíz de ese caso, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal señaló que remitió un memorando a la Oficina de Control Funcional de la PGE para evaluar una posible inconducta funcional del procurador público de la Contraloría .
Riesgo para recuperar más de S/ 22 millones
La Procuraduría General manifestó especialmente preocupación porque los 10 expedientes revisados comprendían acreencias judiciales por S/ 22’126.058,41.
El informe aclara que ese monto corresponde a la muestra analizada y advierte que la recuperación efectiva de esos recursos constituye una obligación propia de la defensa jurídica del Estado.
Asimismo, concluye que la práctica de trasladar la ejecución de las sentencias a las entidades agraviadas habría provocado retrasos, observaciones judiciales, rechazo de actuaciones procesales, paralización de expedientes e incluso archivos judiciales, afectando potencialmente la recuperación de esos recursos.
En sus conclusiones, la PGE también sostiene que los procuradores de las entidades agraviadas carecen de legitimidad procesal para sustituir automáticamente a la Procuraduría de la Contraloría en procesos promovidos por esta última, razón por la cual varios jueces observaron o rechazaron sus intervenciones.
La recomendación final y el contexto del caso Enco
Pese a las observaciones formuladas, el informe no dispone sanciones ni determina responsabilidades administrativas.
Su recomendación final consiste en que la procuradora general del Estado, María Caruajulca, evalúe el contenido del documento y, de corresponder, lo derive a las áreas competentes para las acciones que estime pertinentes.
El documento adquiere relevancia en el contexto actual porque fue emitido el 24 de junio de 2026, es decir, antes de que la Procuraduría General del Estado resolviera cesar a Amado Enco como procurador público de la Contraloría alegando una pérdida de confianza
Fuente Diario Expreso
