La consejera regional Yesenia Choquehuanca anunció que solicitará la conformación de una comisión investigadora o la elaboración de un informe de fiscalización para determinar las presuntas irregularidades registradas en el proyecto de mejoramiento de la vía Jachaña–Cayarani, cuya inversión supera los S/ 99 millones.
La obra comprende la intervención de más de 50 kilómetros de carretera entre las provincias de Caylloma y Condesuyos y es considerada un corredor estratégico para impulsar el turismo, la integración vial y el desarrollo económico de la zona. Sin embargo, actualmente enfrenta una controversia legal que mantiene suspendido el inicio de los trabajos.
Según explicó la legisladora regional, el conflicto surgió a raíz de reclamos presentados por empresas participantes en el proceso, entre ellas el Consorcio Cailloma, situación que ha dejado el proyecto en incertidumbre pese a que su ejecución debía comenzar durante el mes de mayo.
Choquehuanca manifestó su preocupación por el riesgo de que la obra termine paralizada durante varios años debido a procesos arbitrales, tal como ocurrió con otros proyectos regionales que enfrentaron prolongados litigios.
La consejera sostuvo además que ejercerá sus funciones de fiscalización respecto a las denuncias sobre un presunto desacato del gobernador regional frente a decisiones judiciales relacionadas con el proceso de contratación. Precisó que solicitará información a las gerencias competentes para evaluar la actuación de los funcionarios involucrados.
Indicó que, si la investigación determina la existencia de responsabilidades graves, no se descarta promover acciones políticas, incluido un eventual pedido de vacancia, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Asimismo, exhortó al Ejecutivo Regional a establecer mecanismos de diálogo entre las partes para encontrar una solución que permita reactivar la ejecución del proyecto sin mayores retrasos.
En paralelo, informó que, como presidenta de la Comisión de Trabajo del Consejo Regional, continúa supervisando los conflictos laborales en diversas obras públicas y pidió garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores, así como la contratación de mano de obra local en los proyectos ejecutados en Arequipa.
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