Un peritaje ordenado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción detectó que la compañía China Tiesiju Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE), presentó documentos pertenecientes a otra constructora china para acreditar falsamente que contaba con experiencia en la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado.
La Procuraduría también encontró que los miembros del Comité de Selección del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que adjudicó el proyecto de S/561,1 millones para dotar de agua y desagüe a 96 asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla, no verificaron la documentación que entregó el Consorcio Piura y Castilla, conformado por la China Tiesiju (CTCGE) y la peruana JPC Ingenieros.
El 16 de febrero de 2023, el Comité de Selección del PNSU, integrado por Liz Vargas Cárdenas, Franklin Santos Soto y Humberto Flores Albornoz, adjudicó el millonario proyecto al consorcio conformado por la compañía China Tiesiju. Sin embargo, el 13 de marzo, una auditoría de la Contraloría General de la República encontró una serie de deficiencias en el proceso, por lo que, el 30 de mayo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anuló la licitación y destituyó a los tres funcionarios del PNSU.
Seguidamente, el despacho de Vivienda puso en conocimiento de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción los hechos relacionados con la mencionada licitación y suministró el expediente del proceso de licitación, el mismo que pasó a manos de la Unidad de Peritos. Poco después, el perito especializado en Contrataciones del Estado y Gestión Pública de la Procuraduría, Ricardo Kanashiro Romero, emitió un informe con gravísimos hallazgos, que indicarían que los funcionarios favorecieron a la constructora China Tiesiju.
Fuente La República
