Los gobiernos regionales y locales disponen de recursos designados específicamente para la inversión pública, los cuales provienen de las industrias extractivas. Sin embargo, se enfrentan a diversos desafíos que afectan negativamente el desarrollo de infraestructura, la ejecución de proyectos y la calidad de las inversiones públicas.
Esta situación tiene un impacto directo en la población, que se perjudica al carecer de servicios básicos adecuados e incluso, en algunos casos, por la falta total de estos. Estos problemas inciden en la persistente brecha de infraestructura y afectan el bienestar de la comunidad local.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mecanismo de obras por impuestos (O x I) es una oportunidad para que los sectores público y privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los tres niveles de gobiernos (nacional, regional y local) priorizan.
Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el tesoro público devuelve el monto invertido a la empresa privada mediante certificados que podrán utilizarse para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al tesoro público el monto financiado para ejecutar sus proyectos.
Con la finalidad de promover nuevas inversiones en O x I y dar continuidad a las que se encuentran en ejecución, mediante la emisión de certificados de inversión pública regional y local a empresas privadas que participan en este mecanismo, el MEF publicó esta semana los nuevos topes máximos de capacidad anual de los que dispondrán los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas.
Las entidades públicas podrán asumir compromisos de financiamiento hasta por 25,613 millones de soles en inversiones de O x I, monto que se mantendrá vigente hasta junio del 2024.
Esto permite una mejor planificación y gestión de los recursos disponibles. Además, implica una mayor participación del sector privado en el desarrollo del país, generando sinergias para impulsar inversiones y proyectos de infraestructura necesarios para el crecimiento económico.
Con la emisión de certificados de inversión pública regional y local a empresas privadas participantes se busca propiciar el desarrollo de infraestructuras y generar beneficios para la población. Esta norma también considera el aumento en los topes máximos de capacidad anual en comparación con años anteriores, así como la ampliación de fuentes de financiamiento y la implementación de la ‘Mesa ejecutiva para la optimización del mecanismo de obras por impuestos’, con el propósito de fortalecer y ampliar este mecanismo de inversión.
Con esta normativa, el Gobierno demuestra su compromiso con las regiones y municipios que enfrentan deficiencias en servicios básicos e infraestructuras, ya que brinda la oportunidad de cerrar la brecha y mejorar la calidad de vida de la población.
Fuente El Peruano
