Después que el TC falló que los procesos sancionadores de la Contraloría vulneraban la Constitución, en reiteradas ocasiones el contralor Nelson Shack Yalta solicitó al colegiado que explicara qué acciones se iban a tomar sobre los funcionarios cuyos procesos estaban vigentes. El TC respondió que los procesos debían extinguirse, en beneficio de miles de servidores procesados por infracciones y presumibles actos de corrupción de funcionarios.
“Luego de la publicación del fallo en abril pasado, a solicitud de la Contraloría se presentó este recurso de aclaración, y el TC se ha pronunciado de una forma muy parcial. De las seis preguntas que le planteamos, que son cosas muy concretas para poder saber cómo se aplica la sentencia, solo se han pronunciado sobre dos, las más sencillas”, mencionó el titular de la Contraloría.
Según indicó Nelson Shack, desde que se dieron inicio a los procesos administrativos sancionadores, quedaban pendientes un total de 15 mil funcionarios con investigaciones vigentes por inconducta funcional, por lo que en la práctica la sentencia del TC impide que la Contraloría pueda continuar con dichos procesos sancionadores, por lo tanto tienen que ser declarados improcedentes y deben concluir hasta donde se había avanzado.
“Eso significa que muchos de estos funcionarios que habían cometido irregularidades administrativas, y cuyas actuaciones estaban asociados a los casos emblemáticos, tanto en Lima como en regiones, se van a quedar sin ser sancionados. Esto genera una situación de impunidad bastante preocupante y que solamente se va a poder resolver cuando el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que presentamos para tratar de revertir el vicio de inconstitucional que tenía la ley 29622 (que establecía el tipo de sanciones por responsabilidad administrativa funcional)”, explicó Shack.
Para el contralor general de la República, las irregularidades que surjan dentro del Estado en el periodo que comprende desde la emisión de la sentencia del TC (abril de este año), hasta que salga la nueva ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, no podrán ser sancionadas por la Contraloría.
“Incluso los procesos de auditorías que están en curso, porque nosotros hacemos alrededor de mil auditorías al año y en promedio hay 5 mil funcionarios públicos que anualmente son comprendido con cierto grado de responsabilidad administrativa”, precisó.
Fuente La República
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